Fernando Villén, exdirector de la Faffe, de nuevo en el banquillo

Este jueves se sienta de nuevo en el banquillo el socialista Fernando Villén, que estuvo al frente de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que gestionaba los fondos andaluces para el empleo. Ya fue condenado por gastar dinero público en prostíbulos y ahora está acusado de malversación y prevaricación por contratar a Antonio Torres, el exalcalde socialista de Lebrija. 

Las defensas han alegado este jueves indefensión de sus clientes ante una causa judicial por crear un puesto 'ad hoc' que consideran "prospectiva". Tanto Villén, condenado hace ahora justo un año en otra causa por pagos ilícitos en prostíbulos, como Torres se sientan desde este jueves en el banquillo de la Audiencia de Sevilla acusados de malversación y prevaricación por crear presuntamente de manera arbitraria un puesto de trabajo en la Faffe para el exregidor.

La primera sesión del juicio, que acoge la Sección Tercera y derivado de una pieza separada del caso Faffe, ha estado centrada en las cuestiones previas planteadas en su mayoría por las defensas de los acusados, un asunto que según ha avanzado el presidente del tribunal será resuelto en sentencia.

Villén se enfrenta a una petición de la Fiscalía Especial Anticorrupción de cuatro años de prisión por malversación y diez de inhabilitación especial por prevaricación, mientras que para Torres -como cooperador necesario- pide dos años y medio de cárcel por el primero de los delitos y cuatro de inhabilitación por el segundo.

Las defensas del exdirector de la Faffe y del exalcalde han alegado vulneración de derechos fundamentales e indefensión ante una causa que han calificado de "prospectiva", aquella en la que "se investiga para ver qué se encuentra". "Aquí se está llegando de cualquier manera a cualquier sitio. ¿Dónde está el indicio de delito?, ¿Dónde está la causa última de la imputación", ha expuesto el letrado de Torres, quien también cree que en su cliente se ha producido una vulneración de derecho a la participación política, y ha lamentado que haya tenido que "pasar una pena de banquillo prolongadísima". Por su parte, el abogado de Villén también ha alegado vulneración de derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva e indefensión por la "prospección" de la causa, lo que conllevaría en su opinión una sentencia absolutoria. "Yo he trabajado a tope!, ha declarado Torres a los medios.

El fiscal, en respuesta a estas cuestiones previas que ha pedido que sean desestimadas, ha negado que se hayan vulnerado derechos porque no hubo investigación prospectiva ni inquisitiva, y ha insistido en que el motivo de la causa estaba claro: "Torres estaba en su casa y cobrando. No acudía a su puesto de trabajo". "No es que los políticos tengan que tener cuidado en el acceso al empleo público, es que tienen que cumplir los requisitos y la normativa", ha replicado el fiscal, quien ha recalcado que las razones de la investigación estaban "claras": una contratación 'ficticia' y cobrar 'sin trabajar'. Las otras acusaciones, ejercidas por la Junta de Andalucía y el Partido Popular, se han adherido a las tesis de la Fiscalía, y todas han aceptado que los acusados puedan declarar al final de la vista, previsiblemente el próximo 14 de octubre. "Yo he trabajado a tope", ha declarado Torres a los medios.

La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo existió entre 2003 y 2011 como un ente dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que entonces presidía Manuel Chaves. Su objeto, gestionar fondos públicos para formar a personas en paro y fomentar la creación de empleo en la comunidad. Pero según la investigación de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la función de esta entidad quedó desvirtuada, de un lado, por su utilización como instrumento paralelo de la propia consejería para sortear controles y contratar a personas afines al PSOE. Presuntos delitos como los que se juzgan desde hoy.

Y, por otro lado, por el desvío de fondos de la Fundación a través de tres tarjetas de crédito para pagar gastos de algunos de sus directivos en clubes de alterne, viajes y hoteles por más de 32.000 euros, por lo que ya se condenó hace algo más de un año a quien fue su director general, Fernando Villén, a seis años de cárcel. También a cinco años y tres meses de prisión a la exdirectora económica-financiera de la entidad, Ana Valls, por malversación y falsedad en documento oficial.