El Gobierno reducirá la financiación a las comunidades que no apliquen la ley de Vivienda

El Gobierno reducirá la financiación que reciben las comunidades autónomas si éstas no aplican la legislación vigente en materia de política de vivienda, según ha anunciado la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, que se ha referido expresamente al caso de Madrid.

"Quien no aplique la Ley de Vivienda, no va a tener financiación del Gobierno central", ha advertido este jueves la ministra de Vivienda y Agenda Urbana en una entrevista en TVE en la que ha recordado que entre el 70 y el 75 % de las políticas de vivienda de las CCAA se financian con fondos del Estado.

Rodríguez asegura que ella quiere "seguir apoyándolas económicamente", pero también que "pongan más presupuesto para esta finalidad", ha dicho la ministra, para añadir: "Yo condicionaré la financiación a que efectivamente" las CCAA "estén cumpliendo la ley".

Ha apuntado que no puede "tratar por igual" a "aquél que está haciendo esfuerzos, que está cumpliendo la ley, que está dando respuesta a su conciudadanos" que a "aquél que por atacar al Gobierno se muestra insumiso en el cumplimiento de la ley".

"La propia ley me faculta de manera extraordinaria a trabajar con aquellas comunidades que se han comprometido a cumplirla y que están dando respuesta a sus ciudadanos", ha advertido la ministra, de forma que recibirán "menos fondos" las autonomías que no aplican la ley, como es el caso de Madrid, según el ejemplo concreto que ha puesto.

De hecho, Rodríguez se ha dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y le ha dicho durante la entrevista que "hay miles de madrileños y madrileñas que sufren por su insumisión a la ley" y que viven una situación que es "insostenible socialmente".

"Hay una herramienta que es la Ley de Vivienda que nos permite dar respuesta a esa situación y yo me comprometo a ayudar a la Comunidad de Madrid con más fondos, con más recursos (...) para dar respuesta a esa situación", ha argumentado.

Según sus datos, la Comunidad de Madrid ha recibido del Gobierno 2.000 millones de euros desde 2018 para políticas de vivienda. "Quiero que (esos fondos) se ejecuten bien y que a partir de ahora se orienten con cumplimiento a la ley", ha advertido.

Al respecto, ha adelantado que el Gobierno trabaja en un plan estatal de vivienda que será muy diferente a los aprobados hasta ahora, porque la situación "no es la misma que se venía gestionando años atrás".

Esos planes han sido siempre un "apoyo" del Gobierno a las CCAA que ejercían esa competencia sin el amparo de una ley de vivienda, pero ahora el Tribunal Constitucional ha dicho que "el Estado es competente para garantizar la igualdad de los españoles en el acceso a la vivienda".

Por ello, "ahí donde se está produciendo una tensión (de precios de la vivienda) que está definida en la ley y que por un empeño partidario no se está cumpliendo, tendrá también sus consecuencias".

ANDALUCÍA RECHAZA EL "CHANTAJE"

El Gobierno andaluz mantiene su rechazo a medidas recogidas en la ley de Vivienda como declarar zonas de alquiler tensionado y a intervenir en los precios de alquiler de viviendas cuando se disparen, y considera un "chantaje" que el Ministerio anuncie que recortará la financiación a las autonomías que no la apliquen.

En declaraciones remitidas a los medios, la consejera de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio, Rocío Díaz, ha calificado este jueves de "inaceptables" las palabras de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, de que recortará la financiación estatal a las comunidades autónomas "insumisas" con la Ley de Vivienda.

La respuesta desde Andalucía no se ha hecho esperar y la consejera de la Junta ha dicho que las manifestaciones de la ministra son "la prueba más clara del afán intervencionista del Gobierno de Sánchez", además de suponer "un chantaje a las comunidades autónomas para que nos sumemos a su propuesta intervencionista de la Ley de Vivienda".

Díaz ha recordado que Andalucía "aplica" las leyes aprobadas pero ha advertido de que "no se va a plegar" ante medidas que no son de obligatorio cumplimiento como las zonas tensionadas o la limitación de los precios del alquiler "por muchas amenazas que recibamos".

"Esas partidas se la han ganado las comunidades autónomas por asumir la gestión de una competencia tan sensible como es la vivienda.", ha recalcado la consejera andaluza, quien ha añadido que estas medidas "intervencionistas" no solo no se van a aplicar sino que ni siquiera hay ayuntamientos que soliciten ponerlas en práctica en las ciudades.

El motivo, según la titular andaluza de Fomento y Vivienda, es porque hay "ejemplos claros" en toda Europa de que estas políticas "no funcionan y causan el efecto contrario al deseado": el de disparar los precios, retraer la oferta y desproteger al propietario.

EL GOBIERNO ANDALUZ RECURRIÓ AL CONSTITUCIONAL LA LEY

El Gobierno andaluz recurrió la Ley Estatal de Vivienda en 2023. Un año después, en mayo pasado, el Tribunal Constitucional avaló la mayor parte de la norma, pero atendió las principales exigencias del recurso de la Junta en lo referido a la invasión de competencias.

Declaró inconstitucionales y nulos 4 artículos por usurpar competencias autonómicas en materia de viviendas de protección oficial, y sobre los grandes tenedores de vivienda.