Fernando Santos Urbaneja, Fiscal Delegado de Personas con Discapacidad y Mayores en Andalucía, ha dicho que es inviable abrir una causa penal en relación con la muerte de de mayores en residencias porque no hay pruebas que confirmen que se trate de un delito. Ha explicado que aunque no entendamos esta situación, hay que demostrar que se trata de una imprudencia temeraria o la omisión del deber de socorro. Además, la responsabilidad de lo ocurrido, va desde los organismos internacionales, pasando por los gobiernos central y autonómicos, hasta llegar al último trabajador de una residencia. Fernando Santos Urbaneja, también ha explicado que hay que cambiar el modelo de residencias de cara al futuro y es partidario de un tipo de gestión mixto público-privado para las residencias.