Almería Acoge alerta de la extrema precariedad en los asentamientos chabolistas de Níjar
La ONG estima que en el municipio almeriense malviven unas 4.000 personas, sin derechos laborales ni de vecindad, lo que agrava los problemas de salud física y mental de este colectivo, incluidas mujeres víctimas de la prostitución.
Un informe de Almería Acoge sobre los residentes en los asentamientos chabolistas de Níjar alerta sobre las condiciones de vida extremadamente precarias en las que se encuentran. La ONG denuncia que su exclusión social está provocando un mayor deterioro de su salud, una realidad que conlleva el desarrollo de problemas también de salud mental y comportamientos antisociales derivados de adicciones.
La falta de reconocimiento de los derechos fundamentales: laborales, de acceso a la vivienda, sanidad y movilidad segura. Esos son los principales problemas que enfrenta la población migrante en Níjar, según el informe de situación de las personas residentes en asentamientos elaborado por Almería Acoge. Para la ONG, este fenómeno de segregación incentiva actitudes discriminatorias y xenófobas dentro de la población local, según explica el director de la organización en la provincia, Juan Miralles.
Se calcula que en los asentamientos vinculados a la agricultura intensiva en Níjar malviven unas 4.000 personas.
El informe de Almería Acoge destaca también la situación de mujeres que ejercen la prostitución en los asentamientos y con indicios de ser víctimas de redes de trata.
La ONG denuncia la pasividad del Ayuntamiento de Níjar ante el plan para realojar en 62 viviendas en Los Grillos a personas desalojadas del asentamiento del Walili. Un año después esas viviendas permanecen cerradas y sin uso.
En general, la mayoría de las personas residentes en estos asentamientos son temporeras, aunque se estima que entre el 30 y el 40 % de la población podría vivir allí de forma permanente.
Existen diferentes tipos de asentamientos, como chabolas, asentamientos verticales y cortijos abandonados. Una de las principales barreras administrativas es la falta de empadronamiento, que es fundamental para el acceso a servicios básicos.
Almería Acoge denuncia que se ha estandarizado el pago de cinco euros por hora trabajada, y en las pequeñas explotaciones agrícolas el incumplimiento de los derechos de los trabajadores es más frecuente.
