Tras su detención, el investigado, de 38 años, ha sido puesto en libertad con cargos.
Anunció un evento con un "no" a las peleas, las drogas, las gorras, las chanclas y también a los "maricones".
La detención se ha realizado en Torremolinos a consecuencia de las investigaciones abiertas y las denuncias presentadas en la Fiscalía de Málaga, entre ellas la de la alcaldesa, Margarita del Cid, por los supuestos delitos de odio e injurias.
Por su parte, fuentes judiciales han señalado que tras la detención los agentes policiales han realizado un atestado ampliatorio de los hechos y, posteriormente, el investigado, de 38 años, ha sido puesto en libertad con cargos.
Este atestado ampliatorio ya ha sido remitido a la Fiscalía de Málaga, que tenía abiertas diligencias de investigación, y como el escrito policial también se ha remitido al Juzgado de Guardia de Torremolinos, el ministerio público ya ha archivado las diligencias. Las fuentes judiciales han explicado que las diligencias se han archivado porque así lo dice la Ley. "Cuando ya un juzgado tiene conocimiento de un asunto, el fiscal archiva las diligencias y se queda a la espera de que se repartan las previas", han precisado.
Además de la denuncia de la alcaldesa de Torremolinos, la asociación de consumidores Facua también anunció que lo haría, así como 47 entidades LGTBI.
En respuesta a los periodistas en Sevilla, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se ha referido a este asunto y ha informado de que la Policía Nacional ha propuesto además una orden de expulsión del detenido extranjero, responsable de la discoteca, a la espera de que este extremo sea o no ratificado por parte de la autoridad judicial.
"De nuevo, lamentar una situación que no es aceptable en estos tiempos", ha sentenciado Fernández respecto a esta fiesta en un club privado de Torremolinos (Málaga).
Se refería a los miembros del colectivo LGTBI como "enfermos"
El investigado promocionaba el evento en redes sociales a través de un cartel anunciador en el que, entre otras normas de acceso, y amparándose en el derecho de admisión, se prohibía la entrada al público gay y se refería a los miembros del colectivo LGTBI como "enfermos" en varias publicaciones en Internet.
Las diligencias se practicaron en coordinación con la Sección de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Málaga.
La investigación se inició de oficio al tenerse conocimiento de la promoción de una fiesta en un local de la localidad el 18 de enero, que negaba la entrada a los homosexuales.
Las diligencias se abrieron al entender los agentes que podía tratarse de un ataque discriminatorio hacia el colectivo LGTBI y se trasladó la información a la Sección de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial.
Denuncia de la alcaldesa de la localidad
En el transcurso de las pesquisas, se sumaba a la investigación la denuncia de la alcaldesa del Consistorio de Torremolinos, que la interpuso contra el promotor del evento en relación con los hechos.
A la vista de toda la información recabada, que ponía de relieve un ataque a la dignidad de los homosexuales, incluyendo el hecho de denegar el acceso a un lugar por la condición sexual del cliente potencial, se llevaron a cabo diversas pesquisas.
La investigación culminó con la identificación y localización de la persona promotora del evento, supuesto responsable de los comentarios discriminatorios hacia el colectivo LGTBI en redes sociales y también de unos mensajes que atentaban al honor de la alcaldesa de la ciudad.