En total, 70 millones de euros. De ellos, un 60 por ciento proceden de fondos europeos, y el resto de fondos propios de la Junta.
La finca Veta La Palma pertenece a la localidad sevillana de La Puebla del Río, suma 7.500 hectáreas, es refugio para más de 300.000 aves acuáticas, y su compra, según el ejecutivo andaluz, supondrá la mayor ampliación de Doñana en casi 50 años.
La Junta ya cuenta con el visto bueno del Ministerio de Hacienda para poder culminar, antes de que acabe el año, la compra de la finca Veta La Palma para ampliar en 1.700 hectáreas este Parque Nacional. Y con ese visto bueno, el Gobierno da su beneplácito al plan de pago de la operación. En total, 70 millones de euros. De ellos, un 60 por ciento proceden de fondos europeos, y el resto de fondos propios de la Junta.
La finca Veta La Palma pertenece a la localidad sevillana de La Puebla del Río, suma 7.500 hectáreas, es refugio para más de 300 mil aves acuáticas, y su compra, según el ejecutivo andaluz, supondrá la mayor ampliación de Doñana en casi 50 años. Esta operación se lleva a cabo justo cuando el Parlamento andaluz ha dado luz verde al último paso antes de la aprobación de la ley de la ordenación de las zonas agrícolas del condado de Huelva la semana que viene
Lo ha avanzado este martes en rueda de prensa el portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha garantizado que ya se ha concretado la fórmula de pago planteada por los técnicos de la consejería. El pago incluye una parte de financiación europea y otra de recursos propios de la Junta de Andalucía, ha indicado el portavoz, que ha precisado que se sigue trabajando en la configuración del expediente. "El objetivo es que el expediente este concluido lo antes posible", ha afirmado.
Según la Junta, se trata de la mayor operación ambiental realizada en los últimos 45 años en Doñana, tras la ampliación de 1978, y el objetivo es evitar que se sequen 3.500 hectáreas que albergan el 60 % de las aves.
Para ello, la Junta prevé mantener inundada la zona que corre el riesgo de dejar de tener agua por el cierre de las piscifactorías de la región, evitando así la pérdida de la biodiversidad de este espacio y las repercusiones negativas en hábitats y especies animales. El Gobierno andaluz destaca que se trata de la operación de incorporación a la titularidad pública de terrenos más importante desde la declaración de Parque Nacional de Doñana.
LUZ VERDE A LA PROPOSICIÓN DE LEY EN EL PARLAMENTO
La comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento andaluz ha aprobado este martes, con los doce votos a favor de PP-A y Vox, y el rechazo de los siete representantes del PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, el dictamen de la proposición de ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.
PP-A y Vox han aprobado el dictamen de esta iniciativa tras aceptar, además, la inclusión de una enmienda "técnica" presentada por el Grupo Popular, y de rechazar ocho enmiendas formuladas por la federación Ecologistas en Acción Andalucía que habían sido asumidas por los grupos Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante, y ante las que se han abstenido los representantes del PSOE-A.
La aprobación del dictamen de esta proposición de ley registrada por PP-A y Vox para regularizar zonas de regadío de dichos cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, es el paso previo para que la norma se debata y apruebe de forma definitiva en el Pleno del Parlamento, algo que está previsto que ocurra en la sesión que se celebrará la próxima semana, entre el miércoles día 27 y el jueves 28 de septiembre, según avanzó este pasado lunes el portavoz del PP-A en la Cámara andaluza, Toni Martín.
El pasado viernes, 15 de septiembre, la ponencia constituida para la tramitación de esta proposición de ley aprobó el informe de esta iniciativa, a la que quedaron incorporadas doce enmiendas planteadas por el Grupo Popular, todas ellas de carácter técnico, relacionadas con la forma u ordenación del texto, y que van en la línea de los cambios que planteaba el informe jurídico de valoración de la norma.
PP-A Y VOX DEFIENDEN LA PROPOSICION DE LEY
En el debate del dictamen, y en defensa de la iniciativa ha intervenido el diputado del PP-A Manuel Andrés González, quien ha aseverado que con esta proposición de ley "no se va a amnistiar a ningún agricultor, lo hemos dicho alto y claro", según ha remarcado antes de acusar, además, al PSOE-A de "mentir" al decir que "el PP ha prometido agua a los agricultores" y los ha "engañado" con esta iniciativa.
Frente a ello, ha sostenido que desde el PP-A han "tendido la mano a todos los grupos políticos" para dialogar sobre esta iniciativa, pero "se han negado a sentarse" con los 'populares', según ha lamentado antes de apostillar que desde el PSOE se "ha reconocido" en el Parlamento que "el Plan de la Corona Norte es injusto para cientos de agricultores".
Por su parte, el diputado de Vox Rafael Segovia ha manifestado que el compromiso con el medio ambiente no "es exclusivo de la izquierda", y ha defendido que la posición de su partido es totalmente compatible con la conservación del parque. Ha querido dejar claro que esta proposición de ley "no toca el agua y se trata de un acto de justicia".
OPOSICIÓN A LA PROPOSICION DE LEY
Para posicionar al Grupo Socialista ha intervenido el diputado Mario Jiménez, que ha comenzado instando a PP-A y Vox a que "retiren la proposición de ley", porque "no cabe otro camino" que ese y el de "poner la mesa del diálogo", tal como se hizo en su momento para la aprobación, en 2014, del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, según ha subrayado antes de tildar de "chapuza en términos jurídicos" el texto de esta iniciativa.
El parlamentario del PSOE-A ha advertido a PP-A y Vox de que "terminarán pagando" por esta iniciativa, pero ha lamentado que el "precio" por las consecuencias de esta proposición de ley lo van a pagar "la credibilidad internacional de Andalucía en materia medioambiental, la imagen de marca de nuestra producción agrícola", y la potencialidad de Huelva y su entorno como "destino turístico", según ha sostenido antes de acusar a los impulsores de esta normativa de haber "humillado a la comunidad científica andaluza" con este "desatino".
La portavoz del grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha reafirmado la posición de su coalición a favor de la "retirada" del texto de la proposición de ley como la "única" decisión que, en su opinión, se debería tomar al respecto, y ha señalado que "nunca" pensó que se llegaría al momento de estar a punto de que se apruebe en el Pleno del Parlamento un "cambio normativo de tanto calado", ya que esperaba que, "en algún momento, esto quedaría aparcado", porque "es evidente que no va a llegar a ninguna parte", según ha abundado antes de criticar que, con esta iniciativa, "se da la condición de legales" a suelos donde hasta ahora se ha estado produciendo de forma "ilegal", además de que da "carta de naturaleza a agricultores que no han hecho las cosas bien".
Finalmente, la presidenta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha sostenido que con esta proposición de ley "se está amnistiando a personas que han estado pinchando pozos ilegales", y el PP-A y el Gobierno andaluz se convierten en "enterradores de Doñana", de modo que ya sólo quedará "ponerle la lápida" a la "sepultura" del parque natural una vez que la iniciativa se apruebe en el Pleno del Parlamento, según ha denunciado antes de sentenciar que "esta ley nace absolutamente muerta", y va a conllevar "multas cuantiosas", según ha vaticinado antes de preguntarse por qué el "empeño" de los grupos impulsores de esta iniciativa de "ir en contra de todo el mundo".