La fiscalía rebaja la petición de cárcel para el "Dioni de Almensilla"
Introduce la eximente de dilaciones indebidas para rebajar de seis años a tres y medio la pena que solicita para Julio Mateos, acusado de apropiarse del dinero de los parcelistas de una urbanización de la localidad sevillana.
También han sido juzgados un exconcejal socialista y el apoderado de un bufete de abogados por el desfalco que superó los 2,5 millones de euros y por el que huyó a República Dominicana el principal encausado.
La Fiscalía de Sevilla ha rebajado finalmente sus peticiones de cárcel para Julio Mateos, conocido como el "Dioni de Almensilla", acusado de fugarse a República Dominicana con casi tres millones de euros que 600 familias pusieron para dotar de servicios básicos a una urbanización de la localidad sevillana.
Este lunes, durante una la última sesión sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Sevilla, la Fiscalía ha rebajado sus peticiones de penas de prisión tanto para Julio Mateos -extesorero de la junta de compensación del Sector F de Almensilla- como para el exedil socialista, exdirector del consorcio público Fernando de los Ríos y expresidente de dicha junta de compensación Ismael Perea y para el apoderado de Torrens Abogados Juan Carlos Navarro, por el presunto desfalco de unos 2,5 millones de euros en las cuentas de la entidad.
El juicio se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla contra los tres acusados, por la sustracción de más de 2,5 millones de euros de los fondos de la junta de compensación del Sector F de Almensilla, constituida por los parcelistas de dicho entorno, para promover las obras de urbanización de la zona y la dotación de suministros básicos de electricidad o agua.
En concreto, en su escrito inicial de acusación, la Fiscalía solicitaba para Julio Mateos una pena de seis años de prisión y una multa de 12 meses con cuota diaria de 20 euros por un delito continuado de apropiación indebida. Y para Ismael Perea una pena de cuatro años y medio de prisión y una multa de 10 meses con cuota diaria de 20 euros por otro delito continuado de apropiación indebida.
En cuanto a Juan Carlos Navarro, apoderado de la empresa Torrens Abogados SLP, bufete encargado del asesoramiento jurídico de la junta de compensación, reclamaba para él una pena de un año menos un día de prisión y una multa de cinco meses con cuota diaria de 20 euros por el mismo delito.
Pero en la fase de conclusiones finales de este juicio, la fiscal del caso ha introducido la atenuante de dilaciones indebidas, tras lo cual ha modificado sus peticiones de pena, reclamando para Julio Mateos tres años y seis meses menos un día de cárcel, así como una multa de 5.380 euros inferior a la inicial; para Perea dos años y medio de prisión y una multa de 4.180 euros, y para Navarro nueve meses de cárcel y una multa de 1.800 euros.
La fiscal, además, ha descartado aplicar a Julio Mateos la atenuante de confesión tardía a cuenta de su reconocimiento de los hechos en el juicio, rememorando que tras revelar la "distracción" de los fondos de la junta de compensación mediante un correo electrónico, "desapareció" y huyó a la República Dominicana, motivando una orden internacional de detención en su contra. Además de que, una vez detenido, primero se acogió a su derecho constitucional a no declarar y después sólo lo hizo a su abogado defensor, con lo que no facilitó el esclarecimiento del asunto.
En su informe final, la fiscal ha recordado que el extesorero de la junta de compensación Julio Mateos, principal encausado, reconoció directamente en el juicio los hechos que se le atribuyen, tras lo cual manifestó que lamenta lo sucedido y el hecho de haber "jodido" al Sector F y a los parcelistas que lo componen. "Evidentemente, es culpa mía", enfatizaba Mateos, asegurando que le "gustaría poder hacer un retorno" del dinero desfalcado y perteneciente al colectivo de propietarios, pero él ha "perdido todo lo que tenía".
"Yo lo he perdido todo", aseguraba, señalando a los otros dos acusados, -Ismael Perea como expresidente de la entidad y el apoderado de la empresa Torrens Abogados Juan Carlos Navarro- para invitarles a que admitieran también los hechos que se les achacan y compensen en lo que "puedan" el agujero económico dejado al colectivo de parcelistas, que entonces aprovisionaba dinero para acometer las obras de urbanización de la zona de chalés que constituye el Sector F y dotarla de suministros públicos como agua corriente, electricidad o gas.
A mediados de mayo de 2015, Julio Mateos confesó en un correo electrónico que se había apropiado de dinero de la cuenta de la Junta de compensación, aprovisionada con aportaciones de los parcelistas para acometer la urbanización del sector F y la dotación de servicios básicos en la zona, unas obras aún muy lejos de estar completas. Tras confesar tal extremo, Julio Mateos huyó a la República Dominicana, siendo finalmente detenido y encarcelado en España en agosto de 2016.
