Acusado de insurrección y abuso de poder por su intento de decretar la ley marcial el pasado mes de diciembre.
Yoon asegura que es víctima de una cacería política.
Más de tres mil agentes han participado en el operativo desplegado en Corea del Sur para detener al destituido presidente del país, Yoon Suk-yeol, quien llevaba 43 días atrincherado en su residencia.
El exmandatario está acusado de insurrección y abuso de poder por su intento de decretar la ley marcial el pasado mes de diciembre.
Las autoridades surcoreanas lograron entrar en la residencia de Yoon Suk-yeol, tras un tenso y prolongado asedio, después de que el mandatario aceptara comparecer ante la oficina anticorrupción que lo investiga por su fugaz aplicación de la ley marcial, aunque se ha negado a declarar en el inicio de su interrogatorio.
En un video difundido en redes sociales, Yoon asegura que accede a comparecer ante las autoridades para evitar un baño de sangre y que es víctima de una cacería política.
Se trata del último episodio hasta la fecha de la profunda crisis política que atraviesa el país desde que Yoon decidió declarar por sorpresa la ley marcial hace 43 días, acusando a la oposición, que cuenta con mayoría parlamentaria, de actuar como "fuerzas pronorcoreanas".
La detención de Yoon es la primera en la historia del país a un presidente en el cargo, aunque el mandatario conservador quedó inhabilitado el pasado 14 de diciembre por el Parlamento nacional, cuando salió adelante la moción puesta en marcha por la oposición tras el estado de excepción declarado por el presidente.
El despliegue policial iba destinado a lidiar con el Servicio de Seguridad Presidencial (PSS), un cuerpo independiente de otras fuerzas del orden nacionales y que responde directamente ante el mandatario, y que ya había logrado bloquear un intento previo de arresto el pasado día 3, en otro tenso encaramiento con las autoridades que también duró varias horas.
El dispositivo policial también contaba con medio centenar de antidisturbios ante los más de 6.000 simpatizantes de Yoon que se congregaron en torno a la residencia oficial con la idea de impedir físicamente el acceso al recinto, ubicado en el centro de Seúl.
En caso de ser declarado culpable de insurrección, el líder conservador, al que se ha prohibido salir del país, podría afrontar una cadena perpetua o incluso la pena capital, aunque sobre esta última existe una moratoria en el país desde hace casi 40 años.
En paralelo a la investigación penal por la que ha sido arrestado, el Tribunal Constitucional tiene abierto otro procedimiento en el que debe decidir antes de mediados de junio si la inhabilitación de Yoon es definitiva o si por el contrario es restituido en el cargo.