Detenidos cinco trabajadores de un centro de menores de Zaragoza por torturas y agresión sexual

La Guardia Civil ha detenido a cinco trabajadores del Centro de Menores de Ateca (Zaragoza) por supuestos delitos de lesiones, torturas, contra la integridad moral, agresión sexual, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal, cometidos hacia internos en dicho centro. Todos ellos han quedado este viernes a disposición judicial.

Los detenidos son el director del centro, dos educadores y dos auxiliares. Está previsto que jueza titular del juzgado Mixto número 2 de Calatayud, Aida Ramírez, encargada de la investigación, les tome declaración este mismo viernes. Paralelamente, la jueza ha dictado un auto de medidas cautelares decretando el cierre provisional del centro.

En el auto expresa la instructora que "en el presente caso, existen indicios suficientes de los que se infiere racionalmente la comisión de delitos contra la integridad moral, tortura, lesiones, agresión sexual y pertenencia a grupo criminal, por parte de los investigados, tal y como se deduce del contenido de las exploraciones judiciales de los menores denunciantes, de las declaraciones testificales practicadas a personal trabajador del centro, de los informes forenses y de los datos obrantes en el atestado policial".

Estas detenciones son resultado de la investigación llevada a cabo por el área de delitos contra las personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza. Una investigación que se inició como consecuencia de varias denuncias interpuestas en dependencias de Policía Nacional de esa ciudad por parte de la progenitora de un menor que se encuentra interno en el citado centro, en las que exponía unas supuestas lesiones hacia su hijo por parte de los educadores.

Los especialistas de Policía Judicial de la Guardia Civil iniciaron una investigación para verificar los hechos denunciados, durante la que se han realizado multitud de gestiones y tomado manifestaciones a varios empleados del centro, así como a la supuesta víctima.

La Guardia Civil pudo determinar que los educadores, con el conocimiento del director del centro, habrían estado llevando a cabo una serie de acciones hacia el menor en cuestión que no se ajustarían al protocolo de trato hacia los internos y que podrían incurrir en hechos delictivos. Se trataría de episodios de aislamiento, tratos degradantes y vejatorios, así como lesiones producidas por determinados educadores que le habrían golpeado en el interior de una habitación, a la que habrían tapado la ventada de la puerta previamente y cerrado la misma con llave, antes de efectuarse tales agresiones.

Además, se constató cómo al menor se le habrían realizado inmovilizaciones físicas que no habrían sido registradas, tal como indica la normativa de actuación en estos centros de menores, y que de las mismas tenía conocimiento el responsable del centro, el cual habría indicado que las mismas no fuesen registradas.

Igualmente, los investigadores conocieron que el responsable del centro, en una ocasión, solicitó a un empleado sanitario que realizase un informe que mostrase que el menor no presentaba ningún tipo de lesión, petición a la que dicho trabajador se negó en rotundidad a emitir un informe falso.

Durante la operación los investigadores determinaron la existencia de más víctimas en el centro, obteniendo indicios sobre hechos delictivos relativos a agresión sexual, así como de corrupción de menores, llevados a cabo por varios educadores, durante los últimos meses.