El Consejo de Ministros aprueba la Ley Trans que permite la autodeterminación del sexo
Se podrá pedir desde los 12 años, y a partir de los 16 incluso sin información de los padres.
Un sector del feminismo ha alertado de posibles riesgos contra la igualdad de las mujeres.
El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes, en segunda vuelta, la Ley de Derechos de las Personas LGTBI, la conocida como Ley Trans, para su envío al Congreso de los Diputados. Se trata de un texto que ha generado división entre los socios del Gobierno de España y rechazo entre un sector feminista que considera que atenta contra los derechos de las mujeres.
Permite realizar un cambio de sexo en el Registro Civil sin que sea necesario que la persona disponga, como se exige ahora, de un informe médico o psicológico clínico que acredite disforia de género. Se podrá realizar a partir de los 12 años. Entre 12 y 14 años se necesitará aprobación judicial. Entre 14 y 16, la asistencia de padres o tutores. Y a partir de los 16 no habrá limitación alguna. También contempla la reversabilidad de la decisión por vía judicial. Desde Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) habían pedido que se esperara a los 18 años.
Por otro lado, la ley también modifica el Código Civil para que las lesbianas y bisexuales puedan proceder a la filiación de sus hijos sin necesidad de estar casadas y, entre otras cosas, contempla un régimen de infracciones y sanciones que invierte las reglas relativas a la carga de la prueba cuando se trate de discriminación al colectivo LGTBI. Es decir, el acusado es el que tendrá que mostrar que no es culpable.
Por otra parte, prohíbe las terapias de aversión, conversión, contracondicionamiento o cualquier otra actuación para modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas.
Una parte de las feministas apunta que si se borra el sexo biológico y cualquier hombre puede ser mujer, la base jurídica de estas políticas de igualdad no tiene sentido. Dicen que espacios protegidos para las mujeres (baños, vestuarios, prisiones, casas de acogida) pueden convertirse en lugares de riesgo.
Frente a esta argumentación, los colectivos LGTBI indican que la amenaza para el feminismo es el patriarcado, no los derechos de "una minoría social vulnerable que no llega al 1% de la población".
