Tras una intensa negociación divide el anterior decreto ómnibus, que fue rechazado en el Congreso: uno social, con 29 medidas, entre ellas la subida de las pensiones o las ayudas al transporte y por la dana, y otro económico, con la moratoria antidesahucios, que incluye un aval para los caseros.
Sánchez permitirá a Junts tramitar la proposición sobre la cuestión de confianza que consideraba anticonstitucional, aunque adelanta que se opondrá.
Tras una intensa negociación con los independentistas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha modificado su decreto ómnibus. Junts avala la mayoría de las medidas sociales. A cambio, el presidente acepta ahora tramitar la cuestión de confianza que le exigía Puigdemont y que consideraba inconstitucional, aunque anuncia que votará en contra. Lo que sale ya no es un decreto ómnibus, sino dos: uno social, con 29 medidas, entre ellas la subida de las pensiones o las ayudas al transporte y por la dana, y otro económico, con la moratoria antidesahucios, que incluye un aval para los caseros. Pero la contrapartida más llamativa ha sido que Sánchez permitirá a Junts tramitar la proposición sobre cuestión de confianza que consideraba anticonstitucional, aunque adelanta que se opondrá.
El nuevo decreto ómnibus del Gobierno mantiene la subida de las pensiones y las ayudas del transporte pero deja fuera las comunidades autónomas. ¿Qué incluye el nuevo decreto-ley? La revalorización de las pensiones, que será del 2,8% conforme al IPC. Además el Ingreso Mínimo Vital subirá un 9%. El nuevo decreto conserva las ayudas al transporte público, a los municipios afectados por la DANA en Valencia y a los afectados del volcán de la Palma. Además continúa la prohibición de los desahucios a personas vulnerables y cuando los dueños del inmueble tienen más de 10 viviendas. Pero se incorpora un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos en caso de impago.
¿Qué se queda fuera? De momento, las entregas a cuenta para mejorar la financiación de las comunidades autónomas, alrededor de 9.700 millones de euros, de los que 1.800 corresponden a Andalucía. Tampoco sale adelante el impuesto a la banca ni el de las energéticas que parece descartado. La supresión de este último afecta directamente a la industria andaluza. Sin ese gravamen la compañía Moeve, antes Cepsa, desbloqueará sus inversiones en el Valle del Hidrógeno andaluz. Por el contrario, afecta negativamente a empresas como Acerinox o Atlantic Copper, al quedarse fuera las ayudas a las empresas electrointensivas. Tampoco se prorrogan las subvenciones al coche eléctrico.
Sánchez ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto ley 'ómnibus'. El jefe del Ejecutivo ha explicado en rueda de prensa desde La Moncloa que este nuevo real decreto ley "contiene la práctica totalidad" de la norma que tumbó el Congreso de los Diputados la semana pasada. En total, son 29 medidas que incluyen la revalorización de las pensiones conforme al IPC, las ayudas a los municipios afectados por la dana, las ayudas al transporte público gratuito o las ayudas a los afectados del volcán de la Isla de la Palma.
Además, este real decreto-ley incluye una medida adicional que no figuraba en el anterior, que es la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos.
La norma llega después de que PSOE y Junts hayan acordado salvar parte de las medidas incluidas en el decreto ómnibus, a cambio de que el Congreso tramite la proposición no de ley de Junts que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza. Los de Carles Puigdemont ya rechazaron el pasado miércoles, junto a PP y Vox, el decreto 'ómnibus' del Gobierno en el Congreso de los Diputados, lo que hizo decaer todas las medidas incluidas en la norma.
Este martes, la portavoz del grupo independentista en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, ha advertido de que su formación no es la "muleta" del Gobierno y que lo que tiene que hacer el Ejecutivo es "negociar".
Por ello, el Gobierno ha negociado 'in extremis' en las últimas horas con Junts y la reunión del Consejo de Ministros, que en un principio estaba prevista para las 9.30 horas, se ha ido retrasando con el objetivo de rematar el acuerdo y aprobar hoy mismo el decreto.
Junts había trasladado su apoyo a medidas como la revalorización de las pensiones, el descuento en transporte o las ayudas a la dana o a según qué suministros. Sin embargo, los independentistas pedían sacar algunos puntos del decreto, como la moratoria contra los desahucios y solicitaban que el Congreso de los Diputados debatiera una proposición no de ley (PNL) para que Pedro Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza.
SÁNHEZ NO VE NECESARIO SOMETERSE A UNA CUESTIÓN DE CONFIANZA
El presidente del Gobierno ha asegurado este martes que "no ve necesidad" de someterse a la cuestión de confianza que reclama Junts, pese a que ha pactado con este partido que el Congreso tramite una proposición no de ley sobre este asunto a cambio de salvar parte del decreto ómnibus.
"Efectivamente, es una prerrogativa constitucional de la Presidencia del Gobierno, previa a la deliberación del Consejo de Ministros. Y ya le adelanto que el Gobierno no ve necesidad de hacerlo", ha indicado Sánchez en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
A preguntas de la prensa, Sánchez ha confirmado que el acuerdo con Junts para aprobar un nuevo real decreto con medidas como la revalorización de las pensiones incluye aceptar en el Congreso la iniciativa del partido de Carles Puigdemont sobre la cuestión de confianza, aunque dejando claro que la decisión final es suya.
"Hemos llegado a un acuerdo con Junts, ya conocerán ustedes el redactado, pero, en fin, verán que, efectivamente, lo que se reconoce es lo que dice la Constitución: la competencia constitucional sobre la cuestión de confianza recae en la Presidencia del Gobierno de España, previa deliberación del Consejo de Ministros".
Ha sido luego, en una segunda pregunta teniendo en cuenta la negativa hasta ahora del Gobierno y el PSOE a que el Congreso aceptara la tramitación de la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza, lo que ha llevado a Sánchez a precisar que "el Gobierno no ve necesidad" que las Cortes lleguen a votarlo, más allá de lo que pueda decir la Mesa de la Cámara Baja en primera instancia.
Sánchez dice que no tiene intención de someterse a la contrapartida, a la moción de confianza pero para Junts per Cataluña la cuestión de confianza es irrenunciable. Su portavoz, Miriam Nogueras, adelanta que el asunto volverá la semana que viene al Congreso con cambios “técnicos” y ya pone fecha para su celebración, febrero, a más tardar marzo. Sobre los presupuestos, Nogueras supedita emprender nuevas negociaciones con el Gobierno a que se cierren las carpetas pendientes, ha dicho la portavoz independentista, en referencia al traspaso de competencias en materia de inmigración o a la oficialidad del catalán en la Unión Europea.