La Fiscalía Europea reclama al juez parte de la investigación del 'caso Begoña Gómez'

La Fiscalía Europea ha reclamado al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, una parte de la investigación abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Se trata de todo lo que afecta a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés y que se habría hecho con adjudicaciones públicas de Red.es financiadas con fondos europeos.

Este movimiento se produce después de que la semana pasada la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personara en la sede de la sociedad pública Red.es para recabar información con contratos que adjudicó a Barrabés y que están relacionados con la investigación por orden de la Fiscalía Europea (EPPO por sus siglas en inglés).

Cabe recordar que el pasado 26 de abril este órgano comunitario se interesó por la causa y preguntó a Peinado, el juez que admitió a trámite la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos.

En ese decreto de 26 de abril, al que tuvo acceso Europa Press, la EPPO pidió al juez que le informara de los hechos que investiga y que le precisara si en el procedimiento "estaría implicada la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley", integrada por una sociedad propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las "recomendaciones o avales" de Gómez.

Los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate señalaron en dicho decreto que la Fiscalía Europea "podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia" para investigar dichos contratos si así lo estimaban pertinente, por lo que solicitó al juzgado que le remitiese la documentación oportuna.

En una providencia, a la que también tuvo acceso esta agencia de noticias, el juez de Madrid contestó que en los hechos que investiga constaban "procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros a la UTE compuesta por las entidades 'Innova Next' --sociedad del Grupo Barrabés--, 'SLU Escuela de Negocios', y 'The Valley'".

Ante la petición de la EPPO, el instructor facilitó copia de los documentos requeridos, aunque no se pronunció sobre la competencia de la investigación en lo relativo a los contratos con fondos europeos, ya que es la propia Fiscalía Europea la que debía determinarlo, como así ha hecho este ahora. RECLAMO EXPEDIENTES DE RED.ES
En el marco de sus diligencias de comprobación, la Fiscalía Europea reclamó a Red.es los expedientes completos sobre los tres contratos en cuestión, relativos a servicios de formación para el empleo en la economía digital --dos de ellos destinados a jóvenes y uno a personas desempleadas--.

Además, anunció que, "una vez identificados los proyectos anteriores", debería oficiar a la Unidad de Administración del Fondo Social Europeo (UAFSE) para que le remita información de si dichos contratos "habían sido financiados con fondos europeos y, en su caso, si se han certificado".

Desde que la Fiscalía Europea dictara dicho decreto, el juez de Madrid que admitió la denuncia ha ordenado varias diligencias: incluida la citación como investigada de la propia Begoña Gómez para el 5 de julio y las declaraciones como testigos de varios cargos de Red.es para el 16 de junio. También constaba que ha abierto una pieza separada tras recibir otro oficio de la Fiscalía Europea.

Ahora, este nuevo decreto de avocación parcial que dicta la Fiscalía Europea para que se transfiera parte del procedimiento puede afectar a las comparecencias programadas. Y esto es así porque una vez anunciada la avocación, el juez instructor pierde su potestad sobre lo que se queda la EPPO y por tanto no podría preguntar sobre esos contratos ni a los testigos de Red.es citados para el 16 de junio ni a Begoña Gómez.

En una nota difundida por la EPPO y recogida por esta agencia de noticias se añade que fue el pasado 3 de junio cuando recibieron la información proveniente del juez instructor, y tan solo tres días después, el 6 de junio decidieron asumir la competencia.

LA DECISION DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
En el marco de esta causa que afecta a la esposa del presidente se pronunció también la Audiencia Provincial de Madrid tras el recurso de apelación que presentó la Fiscalía solicitando el archivo de las actuaciones.

El pasado 29 de mayo, en concreto, señalaba que sí que existen "datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación" en lo relativo a las adjudicaciones de la Administración Pública a la empresa Innova Next SLU del empresario Juan Carlos Barrabés.

El tribunal explicaba que, de la documentación unida a la denuncia inicial de Manos Limpias, se desprende que Innova Next SLU --del entramado empresarial de Barrabés-- obtuvo contratos con Red.es "ganando a ofertas económicas más atractivas" y que, "al parecer, la denunciada Begoña Gómez recomendó su contratación por carta".

Sin embargo, sobre lo que sostiene la denuncia de que Gómez habría podido mediar en el rescate público de Air Europa gracias a su supuesta conexión con el ex consejero delegado de la compañía Javier Hidalgo, la Sala aseveraba que es "una simple conjetura" más allá "de llamativas coincidencias temporales y personales".

Y dado que solo veía base en lo referido a las adjudicaciones a Barrabés, le decía al juez que debía limitarse a esos hechos y debía dar "las órdenes oportunas a la fuerza policial investigadora, dado el carácter genérico del inicial oficio" que emitió.

LA DENUNCIA DE MANOS LIMPIAS
Cabe recordar que la denuncia de Manos Limpias, a la que tuvo acceso Europa Press, fue registrada por su presidente Miguel Bernad el pasado 9 de abril y en ella sostenía que Begoña Gómez, "prevaliéndose de su estatus personal, esposa del presidente del Gobierno de España, ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".

Desde el sindicato aseguraban que uno de los empresarios "beneficiados por esas recomendaciones o avales" de Gómez es Carlos Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. "Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada", sostenían, y añadían que la cátedra de Begoña Gómez fichó además a ese empresario como profesor asociado.

Por otro lado, apuntaban que Víctor de Aldama, quien está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del 'caso Koldo', era el contacto de Begoña Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones antes de que se negociara "el rescate (...) de la compañía" Air Europa --filial de Globalia--. A esto suma que Air Europa "pactó pagar 40.000 euros al año al IE África Center de la denunciada" y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo.