El Código Penal incluirá por primera vez el término "antigitanismo"
El Código Penal incluirá de forma expresa el castigo a la discriminación racial contra los gitanos, que irá recogida en la nueva ley de igualdad de trato y no discriminación, conocida como "ley Zerolo".
En un comunicado conjunto de los partidos que forman el gobierno, PSOE y Unidas Podemos, explican que quienes lesionen la dignidad de las personas gitanas mediante acciones que entrañen humillación y quienes enaltezcan o justifiquen -por cualquier medio de expresión pública o de difusión- los delitos que hubieran sido cometidos contra los gitanos serán castigados con una pena de prisión de seis meses a dos años y una multa de seis a doce meses.
Este tipo de discriminación racial quedará definido por el término "antigitanismo", que será incluido por primera vez en el Código Penal.
De esta forma, PSOE y Unidas Podemos han pactado que la conocida como "ley Zerolo" incluya el castigo a la discriminación racial contra los gitanos, considerándose una circunstancia agravante de un delito. Así lo ha establecido la Comisión de Igualdad del Congreso, que este miércoles ha dado luz verde al informe de la ponencia de la ley, impulsada por el grupo socialista, por 21 votos a favor por los 14 votos en contra de PP y Vox.
En la enmienda, que ha salido adelante sin ningún voto en contra, se indica que se tomará como agravante "cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación" y se tipificara como un delito que conllevará una pena de uno a cuatro años de prisión. También se incluirán a quienes públicamente nieguen o enaltezcan los delitos de genocidio y de lesa humanidad contra las personas de esa comunidad.
La ley de igualdad de trato y la no discriminación, promovida antes de morir por el socialista Pedro Zerolo, tiene como objetivo que nadie pueda ser discriminado por ninguna razón –sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, religión o creencias y orientación sexual– y va encaminada a diferentes ámbitos como el laboral, el educativo o incluso de la vivienda. Asimismo, busca proteger a las víctimas y trata de "combinar el enfoque preventivo con el enfoque reparador", según el anteproyecto.
