Entre julio y septiembre de este año 21.762 parejas pusieron fin a su matrimonio, lo que supone una reducción del 2,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata de la cifra más baja desde 2001 y confirma la tendencia de los últimos cuatro años.
Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma donde se producen más disoluciones matrimoniales, superada tan solo por la Comunidad Valenciana. Entre julio y septiembre de este año se han registrado en nuestra comunidad 4.159 divorcios y 201 separaciones, y se mantienen prácticamente en niveles similares con respecto al mismo periodo del año anterior. En esos tres meses se presentaron 27 demandas de nulidad, 5 de ellas en Andalucía. Es la cifra más baja de nulidades en un tercer trimestre desde 2012.
Los expertos aseguran que este descenso de divorcios y separaciones responde a la reducción del número de matrimonios. En este tiempo las bodas también han disminuido y según datos provisionales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística, en los seis primeros meses del año se han casado un 5,7 por ciento menos de parejas que en el mismo periodo de 2017.
A diferencia de lo ocurrido con las demandas de disolución, suben las demandas de modificación de las medidas adoptadas en las sentencias de divorcio. Entre ellas, se encuentran las custodias de los hijos, el uso de la vivienda familiar o la pensión alimenticia. Las demandas consensuadas se han incrementado un 9,1 por ciento y las no consensuadas, un 2,1 por ciento. Estos procedimientos no solo han experimentado un repunte tras la ruptura de matrimonios, sino que también se han incrementado en parejas que no se habían casado. Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, tanto consensuadas como no, han tenido incrementos interanuales del 11 por ciento y del 2,4 por ciento respectivamente. Fundamentalmente por el aumento de solicitudes de custodias compartidas y a las reclamaciones para pedir la extinción del uso de la vivienda familiar cuando los hijos cumplen 18 años. El Tribunal Supremo se pronunció por primera vez sobre la custodia compartida en 2013 y desde entonces la cifra ha ido en aumento, sobre todo en los últimos años.
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