El vuelco de la investigación en Barbate reaviva la pesadilla de las familias de los guardias

Han pasado tres meses desde la muerte de los dos guardias civiles en Barbate arrollados por una narcolancha. Los últimos detalles conocidos, la exculpación de Kiko el Cabra y otras cinco personas en el informe de la UCO, y la declaración ante la jueza de los cuatro supervivientes, ha reabierto el trauma. La Plataforma de Familias de la Guardia Civil insiste en sus reivindicaciones: más medios para los agentes, apoyo para los heridos.

Los allegados dicen que a los cuatro guardias supervivientes del ataque de la narcolancha les duelen las heridas físicas, pero más las psicológicas. Así lo manifiesta Isandra Fernández, presidenta de la Plataforma “Nuestro corazón por bandera”. Reviven todos los días, ayer ante el juez, aquella noche. Necesitan ver pronto en prisión a quienes mataron a sus dos compañeros.

Refugiados del foco mediático, son sus familias quienes les dan voz en esta plataforma. Están recibiendo muchas adhesiones. Levan 14.000 firmas para su manifiesto. Y piden que se depuren también responsabilidades por un operativo que acabó tan mal.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil quiere saber de dónde partió la orden para la intervención de los agentes durante la noche en que fallecieron dos agentes arrollados por una narcolancha en Barbarte. Y en este sentido, el juzgado ya ha abierto una investigación. Por otra parte, la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, Jucil, reclama un cambio en el protocolo de uso de armas.

Esta asociación denuncia lo que considera escasez de medios de los agentes a la hora de combatir el narcotráfico, cada vez más violento y radicalizado. Según Jucil, los guardias civiles han de tener claro el uso de las armas reglamentarias para enfrentar la violencia de caso de peligro de muerte de los ciudadanos o de ellos mismos.