Dos expresidentes y otra veintena de exaltos cargos juzgados por un fraude millonario
Fueron sobrecomisiones cobradas por intermediarios en un procedimiento donde se incluyeron intrusos en expedientes de regulación de empleo
La sentencia fijó en 680 millones de euros el total del dinero que se destinó a ayudar a empresas entre 2000 y 2009, con 6.000 trabajadores beneficiados
La sentencia del caso ERE de la Audiencia de Sevilla ahora revisada por el Tribunal Supremo fijó en 680 millones de euros el dinero que se destinó a ayudar a empresas entre 2000 y 2009 a través de un sistema que juzgó fraudulento.
De ese dinero, 80 millones de euros se destinaron a empresas en crisis y el resto a los expedientes de regulación de empleo. De esa partida se beneficiaron, sobre todo, 6.000 trabajadores (la mayoría de los cuales sigue cobrando). Entre los 6.000, un centenar fueron considerados intrusos. Pero se beneficiaron los intermediarios, que cobraron unos 66 millones de euros en sobrecomisiones.
La sentencia del alto tribunal, muy ajustada porque son tres votos a favor y dos en contra, llega tres años y medio después de que acabara el juicio de la llamada pieza política. El primero y más importante de esta macrocausa, que sentó en el banquillo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otro veintena de exaltos cargos.
Fue año completo de juicio. De diciembre de 2017 a diciembre de 2018. Más de 150 sesiones. Cada día, los 22 acusados entraron y salieron por esta puerta de la Audiencia de Sevilla. Y cada día saludaron a los periodistas que los esperaban.
Todos, acusados de prevaricar, de tomar decisiones sabiendo que eran ilegales. Y la mitad de ellos, además, de malversar, de estafar dinero público. Ninguno, de llevárselo a sus bolsillos.
En la sala, los fiscales aseguraron que la Junta de Andalucía ideó un sistema opaco para dar dinero público discrecionalmente, y sin control. Y por tanto, ilegal.
Los acusados reconocieron que en 10 años de programa, hubo descontrol a la hora de dar ciertas ayudas. Pero defendieron que el sistema para otorgar las ayudas era legal porque lo respaldaba una ley.
La malversación ha sido el gran caballo de batalla en este juicio. Las defensas hablan de un auténtico galimatías y una contradicción: se juzgó la malversación, sí, pero sin concretar cuánto dinero se dio y quiénes fueron los destinatarios. Y a la vez, nadie cuestiona las 6.000 prejubilaciones a las que se destinó el 80% de la partida.
Este primer juicio no sirvió para ver dónde está el dinero defraudado. Sí sentenció que estas ayudas se dieron mediante un sistema ilegal.
Tras ese juicio, el tribunal exculpó a uno de los 22 acusados. La sentencia, un año después, absolvió al interventor y al jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, y condenó a los otros 20. Entre ellos, a los expresidentes.
