El Parlamento convalida el decreto de simplificación con los votos de PP-A y Vox y el rechazo de los grupos de izquierda

El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, con los votos a favor del PP-A y Vox, el cuarto decreto de simplificación administrativa aprobado el pasado 6 de febrero por el Gobierno de Juanma Moreno, que modifica 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes.

El PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía han votado en contra de la convalidación de este decreto y han reclamado que se tramite como proyecto de ley, algo que también ha solicitado Vox y que ha sido rechazado en el Pleno con los votos del PP-A.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha sido el encargado de defender ante el Pleno del Parlamento este Decreto-ley 3/2024 de medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía.

Su entrada en vigor con carácter general se produjo el pasado sábado, 17 de febrero, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El decreto-ley ocupa 612 páginas y consta de 277 artículos distribuidos en 14 títulos, 30 disposiciones adicionales, 36 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y once disposiciones finales.

En la exposición de motivos de este iniciativa legal se explica que "se incorporan más de cuatrocientas medidas de simplificación administrativa y medidas de mejora de la regulación" en ámbitos como la comunicación audiovisual, interior, Comunidades Andaluzas, proyectos de interés estratégico, hacienda, contratos y registros, desarrollo educativo, comercio, salud, agricultura y desarrollo rural, universidades y academias, cultura y turismo, formato, articulación del territorio y vivienda, inclusión social, familias numerosas y dependencia, medio ambiente, industria, energía y minas, justicia juvenil, colegios profesionales, fundaciones, víctimas del terrorismo, entidades locales y administración pública.

Desde el Gobierno andaluz se ha subrayado que, con este nuevo decreto-ley, se propiciará una reducción de plazos en la tramitación de las solicitudes de la Dependencia, desde el actual de 555 días de media actuales a un máximo estimado de 180 días.

Otra de las aportaciones de este decreto destacada por parte de la Junta residirá en la interpretación del silencio administrativo. Así, el artículo 21 del decreto-ley, titulado Revisión de efectos del silencio administrativo, indica que "como regla general, en todos los procedimientos de competencia de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado esta, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo".

El decreto incluye también una modificación del artículo 1 de la Ley Forestal de Andalucía que ha sido objeto de polémica esta semana con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que ha motivado una reunión telemática entre la Junta y el departamento que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, que ha concluido con un acuerdo para cambiar la redacción de dicha reforma que se ha anunciado apenas unas horas antes de la votación para la convalidación de este decreto.

Durante su intervención ante el Pleno, Antonio Sanz ha querido realizar "un llamamiento a la calma" para subrayar que "simplificar no es desregular", de forma que "el hecho de que eliminemos trámites, agilicemos tiempos" con este decreto, "no implica en ningún caso la ausencia o la falta de cumplimiento de la legalidad vigente".

Por otro lado, ante el anuncio que el Grupo Socialista ha realizado este miércoles de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) esta iniciativa, Antonio Sanz ha preguntado a los representantes del PSOE-A "por qué les molesta que avance, que progrese Andalucía", y ha criticado que los socialistas "recurren todas las normas" que impulsa el Gobierno del PP-A "y no ganan nada" en los tribunales. 

En el turno de intervenciones de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Josele Aguilar ha comenzado preguntando al consejero "por qué tiene tanto miedo" en tramitar este decreto como proyecto de ley "si tan bueno es", y al respecto ha indicado que una tramitación así permitiría a Antonio Sanz estar explicándolo "durante dos meses, poniéndose medallas, hacerlo valer, y lo único que conseguiríamos es mejorarlo, si es posible, en algo".

El parlamentario del PSOE-A ha acusado al Gobierno del PP-A de cometer "una cacicada" con la tramitación de este decreto porque "no se justifica la urgente y extraordinaria necesidad" del mismo "en ningún sitio", y ha aseverado que "no estamos ante un decreto de simplificación", sino ante "un decreto 'ómnibus' tipo Milei donde han metido todo tipo de normas", y que está "plagado de trampas y engaños".

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo Vox, Ricardo López, ha advertido de que desde el Gobierno andaluz "no han hecho mucho caso de lo que se les ha dicho" por parte de los letrados en sus informes del Gabinete Jurídico a propósito de este decreto-ley, al tiempo que ha reprochado al Ejecutivo de Moreno que, a la vez que aprueba medidas de simplificación, cuenta con "más consejerías" de las que tuvo el anterior Gobierno socialista de Susana Díaz y "más altos cargos". 

Por su parte, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha afeado al consejero la elaboración de este "decretazo" que ha tachado de "deplorable", de una extensión "casi inabarcable" y en "unos plazos endemoniados", y en esa línea ha denunciado el "desprecio absoluto a la sociedad civil organizada" que, en su opinión, se da con este proceder.

De su lado, la parlamentaria del Grupo Mixto-Adelante Andalucía Maribel Mora ha sostenido que "no hay ni urgente ni extraordinaria necesidad" que justifique este decreto-ley con el que "cambian de una tacada 176 normas autonómicas", según ha criticado, al igual que ha reprochado al Gobierno andaluz que se tenga que "debatir en bloque" este decreto en el Parlamento "menos de una semana" después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Frente a estas críticas, el parlamentario del PP-A José Ramón Carmona ha defendido que "lo que hace este gran decreto es crear el derecho de los andaluces a tener una administración más sencilla, rápida y segura", y ha reivindicado el "derecho" de los andaluces "a conquistar el derecho a la simplificación", desde la premisa de que "Andalucía quiere ser la comunidad autónoma con menos trabas y obstáculos".