El TC acepta la parte del recurso de la Junta sobre la vivienda protegida y grandes tenedores

El Tribunal Constitucional avala la mayor parte de la Ley Estatal de Vivienda pero atiende las principales exigencias del recurso de la Junta en lo referido a la invasión de competencias. Declara insconstitucionales y nulos 4 artículos  por usurpar competencias autonómicas en cuestiones como viviendas de protección oficial o datos que deben aportar los grandes tenedores de vivienda. Tanto Junta como Gobierno central se muestran satisfechos con la decisión del Constitucional que, por un lado, avala que se pueda regular por primera vez el acceso a una vivienda digna y, por otro, anula los principales preceptos planteados por la Junta de Andalucía. El Constitucional todavía debe pronunciarse sobre otros siete recursos presentados a la ley de la vivienda por otras tantas autonomías.

La corte de garantías ha adoptado esta decisión por mayoría de 6 a 4 del bloque progresista frente al conservador al abordar el primero de los ocho recursos que tiene pendiente contra diversos preceptos de la norma, de manera que esta sentencia se aplicará como doctrina para el restos de recursos. Han anunciado voto particular la magistrada Concepción Espejel y los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa.

La sentencia, de la magistrada progresista María Luisa Segoviano, salva la mayor parte de la ley estatal, como la competencia del Estado para regular las condiciones básicas del ejercicio en plano de igualdad del derecho de acceso a una vivienda digna. La sentencia declara inconstitucionales algunos preceptos de la misma, del que sobresale la nulidad del artículo 16 que hace referencia a la vivienda protegida. Dicho artículo establece unos principios para regir la vivienda protegida, si bien lo hace tras mencionar que eso se hará "sin perjuicio de las condiciones y requisitos establecidos por la legislación y normativa de ámbito autonómico o municipal, que tendrán en todo caso carácter prevalente".

El Gobierno de Andalucía consideraba que la ley de vivienda "invade competencias" en materia de vivienda "exclusivas" recogidas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

SATISFACCIÓN EN FOMENTO

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha aplaudido la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha avalado este martes la mayor parte de Ley de Vivienda tras estudiar el recurso presentado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra una serie de artículos de la norma por el derecho a la vivienda que permite imponer nuevos límites a la subida del precio del alquiler.

"El Alto Tribunal reconoce que el Gobierno de España se ha excedido a la hora de querer regular la vivienda protegida, el parque público o los grandes tenedores, cuestiones que son potestad exclusiva de Andalucía y que así queda recogido en su Estatuto de Autonomía", han remarcado fuentes de la Consejería que dirige Rocío Díaz. En esta línea, la Junta ha reconocido estar "satisfecha" con el fallo ya que "blinda nuestra regulación en materia de vivienda protegida y el parque público, así como su régimen sancionador".

"La sentencia del Constitucional confirma lo que desde el Gobierno andaluz hemos advertido desde el principio: la Ley Estatal de Vivienda es una norma que invade claramente competencias autonómicas. El Estado, y así lo estima el Tribunal, no puede utilizar la ley para configurar una regulación tan completa y acabada que no deja espacio alguno al legislador autonómico", han subrayado fuentes de la Administración autonómica.

En este sentido, para la Consejería de Fomento, el fallo "protege" la política andaluza en vivienda protegida, que cuenta con un régimen jurídico propio y que "ha demostrado sus efectos positivos con la reactivación del mercado", ha subrayando, en alusión a que en estos momentos "se certifica el triple de viviendas protegidas".

Andalucía fue la primera comunidad autónoma que presentó un recurso de inconstitucionalidad a una Ley que, en palabras de la Junta, "no ha tenido consenso ni de las comunidades ni de los sectores afectados, además de que se ha gestado a espalda de las comunidades y está avalada por socios como Bildu". El Gobierno andaluz mantiene que la Ley Estatal de Vivienda es "una norma ideológica, muy intervencionista y permisiva con la ocupación ilegal". Por ello, "seguimos creyendo en nuestras recetas, que pasan por allanar el camino para la construcción de viviendas a precio asequible, como estamos haciendo desde 2019 y que queremos potenciar con la futura Ley de Vivienda Andaluza".