La Junta estudia incentivos fiscales para la inversión en ciencia

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Andalucía (Activa), que tendrá como principales objetivos "promover la excelencia de la investigación para situarla a la vanguardia del conocimiento y fomentar la conexión entre universidad y empresa". De igual modo, "pretende facilitar la colaboración público-privada en la financiación y el mecenazgo, así como favorecer la internacionalización y la integración europea de la ciencia andaluza".

Así lo ha explicado el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos. En relación con el mecenazgo científico, la Junta plantea "reducciones fiscales" que "aún no se pueden concretar" pero que buscarán "hacer interesantes las inversiones científicas" a fin de que la investigación se traduzca en innovaciones y éstas, "en riqueza". Villamandos confía en que la Ley sea aprobada por el Parlamento a principios de 2026. En cuanto al presupuesto, la Ley "no tendrá un coste excesivo", ha detallado el consejero.

El anteproyecto plantea la movilidad de científicos desde el sector público al privado sin que éstos tengan que "desvincularse" de lo público con figuras como las excedencias, evitando así la "descapitalización" de las universidades. El documento sustituirá al actual marco legal, que data de 2007. En materia de excelencia, la norma "activará" el Sistema Andaluz de Investigación de Excelencia (Saiex), que reconocerá a los agentes más destacados de la comunidad científica regional mediante una certificación oficial basada en indicadores "objetivos y homologables". Dicho sistema estará integrado por el Instituto Andaluz de Investigación Avanzada (I2A2), las unidades de Investigación Competitivas y las unidades de Excelencia de Investigación, así como aquellos agentes del sistema del conocimiento que hayan obtenido el certificado correspondiente.

El I2A2 será una entidad diseñada para "captar y retener" el talento científico nacional e internacional, ha desgranado el consejero en su intervención. Actuará como "puente" entre la investigación básica y la aplicada, promoviendo proyectos en áreas estratégicas y tendrá la capacidad de atraer a investigadores de renombre mundial para "fortalecer a Andalucía como polo de investigación internacional".

Por su parte, las unidades de Excelencia y las de Investigación Competitiva tienen por finalidad fomentar la investigación excelente mediante estructuras, "fundamentalmente de las universidades", que potencien y mejoren la colaboración multi e interdisciplinar entre investigadores que trabajen en una temática de las recogidas en la Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación u otras herramientas de planificación estratégica vigentes.

Su reconocimiento se llevará a cabo a través de un sistema de acreditación que se concederá tras un proceso competitivo y estará avalado por comités científicos formados por expertos internacionales y nacionales e independientes. Estas estructuras tendrán una consideración de alto nivel y gozarán de una financiación exclusiva para desplegar un plan estratégico que les posibilite "situarse a la vanguardia" y acceder a medio plazo a ayudas estatales de prestigio como las María de Maeztu o las Severo Ochoa.

Se configuran además dos nuevas figuras. La primera hace referencia al denominado personal tecnólogo, con competencia en tecnología aplicada para el diseño de productos en su área de actuación; y la segunda define al colaborador científico de la Junta. En este último caso, podrá serlo cualquier investigador que pueda adscribirse "temporalmente" a la Administración autonómica o a sus entidades dependientes o vinculadas con funciones de planificación, soporte o financiación de la investigación, para colaborar en tareas de elaboración, dirección, gestión o evaluación de los planes y programas de I+D+I.

De igual modo, la Ley propone mejorar la gobernanza del sistema con la creación de tres órganos. La Comisión Interdepartamental de Investigación, Tecnología e Innovación estará presidida por el presidente de la Junta de Andalucía; el Consejo Asesor de Investigación, Tecnología e Innovación para Andalucía será un órgano consultivo de reflexión, debate y asesoramiento; y el Comité para la Integridad Científica de Andalucía.

Para favorecer la "interrelación" entre el sistema de educación superior y el tejido empresarial, el nuevo marco establecerá "por primera vez" las unidades de Innovación Conjunta en las que investigadores y empresas trabajarán para llevar el conocimiento a sectores estratégicos como la salud, la yo la digitalización. En el ámbito privado, también se fomentará la innovación a través de la figura de las unidades de I+D+I Empresarial, que permitirán al tejido productivo acceder a incentivos dirigidos a agentes del conocimiento.

De igual modo, la Ley Activa fomentará la valorización, protección y transferencia del conocimiento como elemento imprescindible de la actividad investigadora. Asimismo, se velará por que esa transmisión sea bidireccional, superando el tradicional modelo lineal desde las universidades hacia la industria. Se reconocen como entidades relevantes en transferencia a los parques tecnológicos, las oficinas de Transferencia de Conocimiento; los centros tecnológicos, así como las empresas innovadoras y las de alta y media-alta tecnología o las fundaciones universitarias.

La norma también aboga por reforzar la colaboración entre los sectores público y privado para garantizar la sostenibilidad económica de la investigación. Para ello, determina un marco que favorezca, por un lado, las inversiones mixtas, impulsando convenios, acuerdos y contratos que combinen fondos de ambas naturalezas para proyectos de investigación e innovación.

Y, por otro, el mecenazgo científico, para lo que se podrá proponer, "dentro de lo que permita la Ley de Presupuestos", la elevación de los máximos de deducciones fiscales para los mecenas que inviertan en I+D+I o apoyen proyectos de este tipo. El Consejo del Mecenazgo en I+D+I, creado por esta ley, coordinará dichas iniciativas, asegurando transparencia y alineación con los objetivos estratégicos de Andalucía.

En cuanto a la proyección internacional, se considera esencial que la ciencia andaluza trascienda fronteras y que Andalucía sea capaz de exportar innovación, atraer talento y estar presente en aquellos órganos, sobre todo europeos, en los que se toman las decisiones más trascendentales relativas a la financiación de la I+D. Para ello, en este anteproyecto se contempla la constitución de la Oficina Europea de Coordinación de la Investigación para Andalucía, que tendrá sede en "alguna de las instituciones europeas dedicadas a la gestión de los programas marco".

La norma también creará la Comunidad de Investigadores Andaluces en el Exterior, en la que estará integrado el personal investigador que ejerce sus labores fuera de España, todo ello, en estrecha colaboración con la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (Raicex). En este campo, se fomentará la participación de la región en proyectos europeos como Horizonte Europa y se reforzará la presencia en grandes infraestructuras internacionales, como el proyecto Ifmif-Dones en Granada.

La divulgación científica es otro de los aspectos en los que profundiza la norma, que plantea un plan específico de ciencia abierta y la puesta en marcha de la Oficina de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el Parlamento de Andalucía para propiciar el diálogo y el conocimiento de la actividad que en I+D+I se lleva a cabo en Andalucía entre los distintos grupos políticos. Se encargará de ofrecerles informes con rigor científico que les facilite tomar decisiones.

AYUDAS POR LA DANA

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado en su reunión de este martes, 3 de diciembre, una transferencia de crédito a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública por importe de ocho millones de euros con el fin de "dotar de fondo" a las ayudas a municipios afectados por la segunda depresión aislada de niveles altos (DANA) que se registró el pasado mes de noviembre.

Así lo ha anunciado este martes la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha explicado que este fondo de ayudas enlaza con la regulación contemplada en el Decreto 277/2023, de 5 de diciembre, por el que se regulan las ayudas a entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos u otros supuestos de emergencia de protección civil y catástrofes públicas.

La consejera ha puesto de relieve que a los afectados por la "primera DANA" se destinaron desde la Junta de Andalucía, "en total, doce millones de euros", que, sumados a los citados ocho millones aprobados este martes, asciende a "20 millones de euros" lo destinado desde la administración andaluza para los ayuntamientos" que se vieron "afectados por estos dos temporales con el fin de que los propios ayuntamientos "puedan arreglar los caminos, edificios, todo tipo de infraestructuras que son de sus competencias y que fueron dañadas por la DANA", ha abundado.

Carolina España ha precisado que "los ayuntamientos pueden solicitar estas ayudas de la segunda DANA hasta el próximo jueves 5 de diciembre".