Los rectores no descartan acudir a "vías legales" para que la Junta cumpla con la financiación

Los rectores de las universidades públicas de Andalucía han advertido este martes que usarán las "vías legales" que tienen a su alcance para hacer cumplir los acuerdos firmados con el Gobierno andaluz en materia de financiación y han reclamado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, su "implicación personal" para lograr que la Administración abone los 50 millones de euros, que según las cifras de los rectores, adeuda por el modelo de financiación "vigente".

Los rectores recuerdan que ese fue el acuerdo firmado entre la Consejería de Universidad, Investigación y Innovación, las organizaciones sindicales y las universidades públicas en materia de complementos autonómicos para el Personal Docente e Investigador (PDI) temporal y para la carrera horizontal del Personal de Gestión y Administración (PTGAS).

"Por nuestra parte, vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano, para exigir que se cumpla la legislación andaluza y los acuerdos firmados sin descartar ningún tipo de acción. Lo contrario sería asumir un recorte unilateral de la financiación de la universidad pública por un valor de casi 25 millones de euros al año en conceptos de financiación estructural para las universidades". Así lo han defendido los máximos responsables de las universidades públicas de la comunidad.

En una rueda de prensa en la sede de la Fábrica de Tabacos de la Universidad de Sevilla -sede del rectorado de la Universidad de Sevilla-, en la que no ha participado la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), el rector de la Pablo de Olavide y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, ha desvelado que este mismo martes la Consejería de Universidad ha hecho llegar a los rectores una propuesta de transferencia de 21 millones de euros cuyos "criterios" de reparto "estamos estudiando en estos momentos". En cualquier caso, ha puntualizado Oliva, aunque el paso es "importante", la solución "nos parece insuficiente".

El presidente de AUPA ha explicado que esos 21 millones son "insuficientes", primero, desde un punto de vista cuantitativo ya que "está lejos de cumplir con lo pactado, pues faltarían aún más de 24 millones de euros de los casi 50 millones que se nos adeudan", ha dicho.

"Por otro lado -ha continuado-, y esto es aún más importante, esta transferencia que se nos ofrece no es consolidable. Esto quiere decir que no se incorpora inmediatamente a la envolvente financiera del sistema universitario andaluz, por lo que resulta inútil a efecto de cumplir cualquiera de los dos acuerdos" que están pendientes.

"Con esa cantidad, podremos pagar los complementos retributivos solamente este año pero no en 2025 y en sucesivos años, ya que esa cantidad no está reconocida en los presupuestos para el año que viene. Como comprenderán, no parece razonable ni aconsejable pagar unos complementos que se consolidan en las nóminas de las trabajadores para siempre como una financiación que tiene fecha de caducidad: diciembre de 2024", ha razonado Francisco Oliva.

Aunque las universidades públicas han valorado que "se esté avanzando" y que "se comienzan a buscar y aportar soluciones", sí que han subrayado que lo ofrecido está "todavía lejos de que la Junta de Andalucía cumpla con sus obligaciones con las universidades públicas" a escasos quince días de que finalice el año. Los rectores han insistido en su "enorme preocupación" por los "graves incumplimientos" de la Junta que "ponen en peligro la propia sostenibilidad financiera de las universidades".

Este jueves, se ha convocado la comisión de programación del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) donde las universidades públicas "esperamos y deseamos poder llegar a un acuerdo en el que se hagan realidad estas dos demandas, que se resumen en cumplir con el modelo de financiación y cumplir con el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación".

Desde la Junta de Andalucía, el secretario general de Universidades, Ramón Herrera, ha respondido a los rectores. Afirma que no comparte sus críticas y defiende el esfuerzo de financiación realizado en el último año por la administración autonómica en las universidades públicas.