Penas de cárcel para dos ex altos cargos de la Junta por las ayudas de los ERE a Surcolor
Se trata de Antonio Rivas, ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, y Daniel Rivera, ex director general de Trabajo y Seguridad Social. Ha absuelto a otros tres ex altos cargos (Antonio Fernández, Agustín Barberá y Juan Márquez)
La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a tres años y medio de cárcel al ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas y a tres años de prisión al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Rivera en una pieza separada del caso ERE por las ayudas a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica. La sección tercera de la Audiencia ha absuelto a otros tres ex altos cargos de los delitos que le atribuía la acusación popular ejercida por el PP -el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá y el ex director general de Trabajo Juan Márquez- por concurrencia de cosa juzgada, ya que fueron condenados por estos mismos hechos en la pieza separada del denominado procedimiento específico.
En la sentencia, de 7 de enero y notificada este jueves a las partes, el tribunal condena a Daniel Rivera como autor de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial y con un delito de malversación de caudales públicos, con las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño. El tribunal le impone tres años de prisión, el pago de una multa de 452 euros y 24 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
De igual modo, condenan a Antonio Rivas a tres años y seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación con la atenuante de dilaciones indebidas, absolviéndolo del delito de tráfico de influencias que le fue atribuido en el juicio por la acusación particular ejercida por la Junta de Andalucía.
El tribunal impone además condenas de entre un año y tres años y dos meses de cárcel a otros nueve acusados en esta pieza separada por delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento mercantil, en todos los casos con la atenuante de dilaciones indebidas, entre ellos a dos representantes de la empresa Surcolor, un representante del sindicato CCOO, un 'intruso', dos extrabajadores de la mediadora Vitalia, un 'testaferro' o un abogado.
La Audiencia tiene en cuenta “la gravedad de los hechos, dadas las circunstancias que confluyen en los mismos y la desvirtuación absoluta del sistema de concesión de ayudas que supone reemplazar al beneficiario, incluir a quien nada tiene que ver y sobrevalorar el coste para propósitos que no son objeto de este juicio, pero de los que no se vislumbra relación alguna con un fin público”. También destaca “el daño causado con el hecho, que excede del específico de las concretas acciones delictivas, pues implican un deterioro profundo de la confianza pública en la probidad de las instituciones y en la misma realidad del Estado de Derecho”, y que las cantidades defraudadas “son, individualmente consideradas, importantes y exceden lo que en algunos tipos del Código se considera notoria o relevante importancia”.
En concepto de responsabilidad civil, los condenados tendrán que indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta con cantidades que alcanzan los 984.921,23 euros, que se corresponde con la cantidad malversada, y la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO (Fiteqa-CCOO) tendrá que indemnizar a la Administración autonómica en calidad de responsable civil subsidiaria de las cantidades declaradas respecto del representante sindical condenado.
La Audiencia absuelve al exconsejero de Empleo Antonio Fernández; al exviceconsejero del ramo Agustín Barberá y al ex director general de Trabajo Juan Márquez, aludiendo a la reciente sentencia del Tribunal Supremo por la que se resuelven los recursos contra la sentencia dictada en la pieza separada del caso ERE por las ayudas a Acyco. La Sección Tercera, asimismo, también absuelve a otros dos acusados, en concreto el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y un 'intruso', por causa de extinción por fallecimiento.
En la sentencia, el tribunal considera probado que, el día 22 de marzo de 2005, el entonces administrador y accionista mayoritario de Surcolor y Surcolor Óptica presentó ante la Delegación Provincial de Empleo en Sevilla una solicitud de expediente de regulación de empleo (ERE) relativo a la entidad Surcolor para la extinción de la totalidad de los 45 puestos de trabajo de la plantilla por causas económicas y cierre de actividad.
