El Congreso estrena el uso del catalán, euskera y gallego en el pleno

Este martes se ha celebrado en el Congreso de los Diputados el primer pleno en el que nuestros representantes pueden intervenir en castellano, catalán, euskera o gallego. Como elijan. Se cumple así una de las condiciones que los grupos independentistas de ERC y Junts pusieron al PSOE para apoyar la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso.

El Congreso de los Diputados ha abierto en gallego su primera sesión plenaria de esta Legislatura, con la mayoría de los diputados portando pinganillos, aunque nada más comenzar el debate los diputados de Vox lo han interrumpido y han abandonado el hemiciclo. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha estrenado en el primer pleno del Congreso de la XV Legislatura dando la palabra al diputado socialista José Ramón Besteiro, que siendo natural de Lugo ha comenzado el debate de reforma del Reglamento del Congreso en su lengua materna. "Es una honra que me permita estrenar la traducción de mi lengua, que es símbolo de la riqueza cultural del país", ha dicho al tiempo que se escuchaba la traducción simultánea y se veía a algunos diputados utilizando los auriculares.

Sin embargo, segundos después la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha querido interrumpir el discurso para protestar y Armengol le ha recordado que no le correspondía el turno. En ese momento, los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo y han dejado los auriculares en el escaño del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ante la presencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha aplaudido junto con otros diputados la salida de los de Abascal. "Nos han elegido para representar a los españoles. Creo que millones de ellos querían que hoy le arrojáramos a Sánchez su artefacto de odio y de división", ha explicado Abascal en las redes sociales.

Por otra parte, la sesión se ha iniciado con la protesta de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que ha reclamado que no se empleen las lenguas cooficiales en el debate que precisamente reformará el Reglamento de la Cámara para permitir su uso. La reforma del Reglamento no puede entrar en vigor antes de ser aprobada, subraya el PP, que considera que su empleo antes de esta reforma se aparta de la legislación vigente. En respuesta al PP, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha recordado que su escrito de reconsideración, en el que pedían no celebrar este pleno, será visto en la próxima Junta de Portavoces y ha señalado que en cumplimiento del reglamento se seguiría con el debate, acordado en la Mesa y en la Junta de Portavoces.

A lo largo del día de hoy, diputados catalanes, gallegos, vascos, aragoneses o asturianos podrán expresarse en su propia lengua sea oficial o no, con el fin de tomar en consideración la reforma del Reglamento que permitirá el uso de las lenguas cooficiales en toda la actividad parlamentaria.

La Cámara ha tenido que adquirir unos 450 pinganillos y alquilar transmisores de radiofrecuencia y la señal del pleno llega en directo y traducida a las cabinas de prensa. De momento, para quien lo quiera y necesite, se contará con un equipo de traductores y pinganillos que costará hasta final de año 46.000 euros. Sus señorías podrán también hablar en otras lenguas, como el aragonés o el bable, siempre que el propio parlamentario se autotraduzca utilizando el tiempo de intervención. En total, son seis los traductores que trabajan en este pleno, aunque lo harán de forma remota. Unos profesionales homologados, en su mayoría autónomos, que facturarán por servicio (entre 80 y 100 euros por hora, según algunas fuentes).

La expectación en la Cámara Baja ha estado presente desde primera hora, ya que hasta el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha viajado a Madrid para señalar a las puertas de los Leones del Congreso que "hoy es un día histórico...y es un buen día para recordar que superamos con esta decisión una anormalidad democrática". "Por fin hoy aquí se respetarán los derechos de los catalanes parlantes", ha dicho también la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, mientras el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha dicho que "si hay una Casa Real que no vota nadie y se gasta ocho millones al año tampoco pasa nada por gastarse un poquito por que la gente hable en la lengua que quiera".

Los partidos políticos que han firmado la proposición de reforma del Reglamento (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG) han decidido que sean sus diputados territoriales y bilingües los que intervengan en el pleno, que según los turnos establecidos lo harán de mayor a menor por un tiempo de 12 minutos.

La señal del pleno llega traducida a las televisiones y cabinas de prensa y radio, con audio original y con subtítulos en castellano. Dentro del hemiciclo habrá además dos pantallas para que los diputados puedan leer los subtítulos.

LOS 27 APLAZAN LA DECISIÓN

Más difícil lo va a tener el Gobierno para convencer a la UE para que el catalán, gallego y euskera pasen a ser lenguas oficiales en Bruselas. De momento, ya este martes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido en Bruselas la propuesta española, basándose en el Tratado de Lisboa de 2009, algo que, por cierto, ya intentó sin éxito el gobierno de Zapatero, en 2004. Finlandia y Suecia ya se han mostrado contrarias a esta medida porque consideran que podría restar agilidad a la actividad legisladora, además de suponer un gasto adicional para las instituciones europeas.

Albares ha explicado que ha pedido a los 27 que prioricen la incorporación del catalán, para más adelante sumar las otras dos lenguas, algo que ha molestado nacionalistas vascos y gallegos. Albares cree que hoy se ha dado un paso clave en esta dirección.

Los países de la Unión Europea se resisten a tomar una decisión sobre la petición española de oficializar el uso del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea hasta que no haya sobre la mesa un dictamen jurídico del Consejo de la UE sobre las consecuencias de la medida y un análisis de su impacto económico y práctico en el funcionamiento del bloque.

Así ha quedado patente tras 40 minutos de discusión en la reunión de ministros de Asuntos Generales de la Unión Europea celebrada en Bruselas y que ha concluido sin que el asunto se sometiera a votación, porque las delegaciones necesitan "más tiempo" para estudiar el asunto, han informado a Europa Press fuentes europeas.

Una veintena de ministros han tomado la palabra para expresar sus dudas y la presidencia de turno que ejerce España ha "tomado nota" de las posiciones de sus socios en la UE y anunciado que el Consejo "retomará el asunto en una reunión futura", sin aclarar los plazos, han señalado las fuentes.

Una vez constatado que los países reclaman más detalles sobre el coste de la medida y su impacto para el presupuesto comunitario, así como el estudio jurídico de su impacto para otras lenguas europeas, le corresponde ahora a la presidencia española preparar los siguientes pasos, tanto derivar la discusión técnica a los grupos de trabajo previstos en el seno del Consejo como encargar la opinión de los juristas de la institución.

Para salvar las reservas de sus socios en la UE, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ofreció que fuera España quien asumiera el coste de traducir e interpretar el catalán, euskera y gallego en las mismas condiciones que el resto de lenguas oficiales de la UE, pero ello también planteó dudas jurídicas porque el reglamento europeo establece que debe ser financiado por las arcas comunitarias.

Antes del arranque de la reunión en Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se apoyó en el derecho a expresarse en catalán, euskera y gallego que desde este martes se aplica en el Congreso de los Diputados para instar al resto de países de la Unión Europea a permitir su reconocimiento como lenguas oficiales del bloque comunitario.

"No se trata de una propuesta nueva o inédita, hace casi 20 años que España viene solicitándolo", ha insistido Albares en una declaración sin preguntas, para subrayar después que ya existen "arreglos administrativos" en el seno del Consejo y de la Comisión Europea que permiten la traducción de muchos de sus documentos a las lenguas cooficiales, aunque no hay un régimen equivalente con el Parlamento Europeo.