El Gobierno aprueba el Plan de Contingencia para el ahorro de energía

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Contingencia Energética, una estrategia que el Gobierno ha diseñado durante los últimos meses para reducir el consumo energético de cara al próximo invierno, tal y como exige Bruselas a todos los Estados miembros.

A pesar de que el plan lleva prácticamente listo varias semanas, el Gobierno decidió inicialmente retrasar su aprobación hasta después de la celebración del Consejo extraordinario de ministros de Energía el pasado 30 de septiembre, con la finalidad de conocer las medidas adoptadas de forma conjunta por los Veintisiete e incorporar los últimos detalles a la estrategia nacional.

Son 73 nuevas medidas las recogidas en el plan, entre ellas,  una revisión técnica del reglamento de alumbrado exterior, aunque no establece ningún tipo de limite, sólo recomendaciones, al uso de luces de Navidad por parte de las Administraciones locales.

Además, contempla introducir nueva información explicativa en la factura de la luz, concretamente el consumo medio registrado en el mismo código postal, una novedad con la que se pretende incentivar el ahorro mediante la comparación con los consumidores vecinos.

Previamente, el Gobierno aprobó en mayo una serie de medidas de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado (AGE) y las entidades del sector público estatal.

Posteriormente, en agosto impulsó la estrategia de ahorro energético, con medidas que serán la base del plan de contingencia y entre las que se encuentran la regulación de los termostatos en determinados edificios y el apagado de escaparates.

A nivel comunitario, los gobiernos de la Unión Europea han acordado medidas conjuntas para reducir el consumo y la dependencia energética de Rusia, que pasan por disminuir el consumo de electricidad, establecer un tope a los ingresos de las renovables, la nuclear y el carbón y fijar un impuesto a las petroleras.

La reducción del consumo de electricidad se ha fijado en el 10 % respecto a la demanda habitual, con un porcentaje obligatorio del 5 % en las horas pico, mientras que el impuesto a las petroleras y gasistas gravará el 33 % de los beneficios extraordinarios, que son aquellos que superan el 20 % de la media registrada en los últimos cuatro ejercicios.

En cuanto al tope a las tecnologías inframarginales, se establece en 180 euros el megavatio hora (MWh), aunque se permitirá a los Estados miembros adaptar este valor (en España está en 67 euros)