El Gobierno de Armengol certificó como "satisfactoria" una partida de mascarillas de 3,7 millones que no se usó

El Gobierno autonómico de Francina Armengol certificó, por escrito, como aptas las mascarillas que casi cuatro años después continúan almacenadas y sin uso. Esa certificación ayudó a que la empresa de la trama pudiera optar a otros contratos públicos. Con este documento, el Gobierno balear que presidía la gobernante socialista certificaba que la empresa investigada en el caso Koldo, Soluciones de Gestión, les había suministrado "de manera satisfactoria" una partida de mascarillas por 3,7 millones de euros. Este certificado se firmó el 12 de agosto de 2020, aunque dos meses antes, el Ejecutivo autonómico, sabía que este material era defectuoso. De hecho, sigue sin uso.

Según la investigación, esta certificación le permitió figurar entre las empresas elegidas por el Ministerio de Sanidad, que participaron en la macrolicitación para adquirir material sanitario por un valor de más de 2.400 millones de euros. Consta que los investigados ya habían obtenido por entonces más de 52 millones de euros en contratos públicos de los ministerios de Transportes e Interior y de los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares.

Pero no fue hasta el 6 de julio de 2023, más de 3 años después de la compra, cuando el Gobierno balear inició la reclamación por ese pedido defectuoso. Lo hizo justo el día antes de que se produjera el cambio de color político en esa comunidad y cuando la fiscalía anticorrupción ultimaba la redacción de la querella que ha motivado la investigación del caso Koldo. Según Marga Prohens, presidenta en la actualidad del Gobierno de Baleares, "cuando recibes un producto que no es lo que tú has comprado, lo que has pagado, lo primero que haces es reclamar el dinero y aquí se tardan 3 años".

Armengol sostiene que durante su mandato al frente del Govern balear avaló en 2020 las mascarillas que recibió de la empresa vinculada al caso Koldo porque no eran "fake" y, aunque no llegaban a los estándares de las mascarillas FFP2, eran válidas como mascarillas quirúrgicas. Por eso, después de comprobar que una parte de las mascarillas recibidas no tenían la calidad esperada, se reclamó la diferencia de precio entre una y otra, y no el total.

El juez señala que la presunta organización criminal recurrió entonces al exministro José Luis Ábalos para que hiciera de "intermediario" y tratara de frenar esta reclamación de 2,6 millones a la empresa de la trama. Ábalos, en declaraciones a los medios, ha ironizado sobre su infuencia en el Gobierno balear del PP.