La Ley llega al Congreso sin los apoyos necesarios para salir adelante

La dirección de JxCat ha advertido este martes de que no votará a favor de la proposición de ley de amnistía esta tarde en el Congreso si el PSOE no acepta cambios para blindarla ante posibles intentos de "boicot" por parte de "diversos estamentos judiciales".
Así lo ha anunciado JxCat en un comunicado, después de que la dirección ejecutiva del partido haya celebrado esta mañana una reunión extraordinaria, a pocas horas de que el pleno del Congreso debata la proposición de ley de amnistía.
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Sigue habiendo negociaciones, añade el comunicado, y JxCat negociará "hasta el último minuto para introducir cambios para alcanzar estos objetivos", pero si estas modificaciones "no se aceptan, Junts no podrá votar a favor de la ley", advierte.
JxCat teme que el alcance de la ley se vea limitado por la actuación del juez Manuel García-Castellón, que investiga por delitos de terrorismo al expresident Carles Puigdemont y a la líder de ERC Marta Rovira, así como del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que dictó un auto sobre el 'caso Volhov' en el que considera que Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron "estrechas relaciones personales" con Rusia.

JxCat contempla la posibilidad de forzar que la proposición de ley no sea aprobada hoy, sino que vuelva a debatirse en comisión, para incorporar enmiendas que la blinden ante posibles interpretaciones judiciales restrictivas.
En caso de que el PSOE no acepte introducir nuevos cambios en el redactado, JxCat no votará a favor de la ley, lo que podría mandarla de nuevo a la Comisión de Justicia, que debería elaborar otro dictamen, antes de enviarlo nuevamente al pleno del Congreso.

JxCat sigue defendiendo en solitario once enmiendas, a las que se suman tres consensuadas con el PNV y una con ERC, grupo que, por su parte, mantiene vivas dos propuestas de modificación.

De momento, a escasas horas del debate previsto en el Congreso, los dirigentes de JxCat guardan silencio públicamente, si bien el exsecretario general del partido Jordi Sànchez ha denunciado este martes las maniobras "ilegítimas" de algunos jueces para obstaculizar la aplicación de la ley de amnistía.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, defendió este martes que el proyecto de ley de amnistía que se votará hoy en el Congreso de los Diputados es "robusto" y defendió la necesidad de que se apruebe cuando se vote esta tarde.

Aragonès, que evitó pronunciarse expresamente sobre la advertencia de Junts, señaló que "evidentemente, siempre se puede seguir trabajando, pero lo importante es que se pueda llegar a un acuerdo porque lo que querrían determinados sectores (...) es que no hubiera la ley de amnistía".

El presidente catalán se refirió así al auto que dictó ayer el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón para alargar la investigación por delitos de terrorismo al expresident Carles Puigdemont y a la líder de ERC Marta Rovira en la causa de Tsunami Democràtic.

También al auto que dictó el magistrado del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el 'caso Volhov' en el que considera que Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron "estrechas relaciones personales" con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar "económica y militarmente" la independencia de Cataluña.

Si la ley de amnistía no sale este marte adelante, habría un mes para negociar. Lo cierto es que ERC y JUNTS aprietan y saben que habrá negociación hasta el último minuto.

El gobierno prefiere no posicionarse sobre los posibles cambios de los grupos independentistas. Insiste en el 
respeto al poder legislativo, y que sean los grupos parlamentarios los que tengan que posicionarse. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros ha reiterado que la constitucionalidad de la ley.

NUEVAS EXIGENCIAS DE JUNTS

Las nuevas exigencias del independentismo se resumen en amnistiar todo el terrorismo, sin matices de vulneración de derechos humanos, o sentencia firme, o cualquier otro detalle. Se pretende blindar a Puigdemont ante las investigaciones judiciales en marcha. En esas investigaciones, también están las conexiones de Rusia, de Putin con Puigdemont y el mundo independentista, el caso Voloh, cuya instrucción se ha prorrogado durante seis meses.

La impunidad se quiere extender a todos los colaboradores, además de ampliar la fecha de cobertura en dos meses. Ahora, al 1 de noviembre de 2011, en vez de 1 de enero de 2012. Entre las exigencias, se  quieren introducir modificaciones para que en el futuro no pueda haber recursos o que la Justicia Europea no pueda anular lo amnistiado.

En definitiva, se trata, precisamente, de las enmiendas que el PSOE no aceptó la pasada semana en la Comisión de Justicia, 

La ley de Amnistía está en la agenda de debate de los partidos. El portavoz de los socialistas en el senado y secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha acusado al partido popular de usar de forma partidista las instituciones, entre ellas, la cámara Alta para desgastar al gobierno y hablar de un solo tema, la amnistía, para no querer posicionarse sobre cuestiones que benefician a los ciudadanos.

Para el PP,  la ley de Amnistía esta hecha a la medida de un prófugo de la justicia y dice, se ha negociado fuera de España y del Congreso. Desde Vox exigen a los populares que impidan la tramitación de la ley haciendo valer su mayoría en el Senado