Regularización de regadíos en Doñana: fresas en un humedal sediento

Esta semana, el Parlamento andaluz ha dado luz verde a la posibilidad de regularizar las explotaciones agrarias en el entorno de Doñana, que el plan de la fresa había declarado ilegales. Una iniciativa que ha generado posturas enfrentadas entre los agricultores de la comarca y el recelo de Europa al entender que podría comprometer el Parque Nacional y a sus esquilmados acuíferos. La actual situación de sequía complica aún más la relación entre el espacio natural, patrimonio de la Humanidad, y los campos de frutos rojos, motor económico de Huelva.

En el sur de Europa, muy cerca de Doñana, sí es oro todo los que reluce. Oro rojo, fuente de riqueza y motor de una industria agroalimentaria que crece gracias al agua que nunca sobra en la mayor reserva natural del continente.

Hay lugares donde una sencilla carretera provincial sirve como línea divisoria entre dos maneras diferentes, pero complementarias, de interpretar eso que popularmente conocemos como el campo. A un de la calzada, una zona forestal, monte público, y al otro una amplia zona de cultivos de regadío bajo plástico. Todo aparentemente normal si no fuera porque aquí, muy cerca del mayor humedal de Europa, el uso del agua y de la tierra se ha convertido en un asunto inquietante y muy problemático.

Sobrevolamos el término municipal de Lucena del Puerto, una localidad de la comarca del Condado que junto a Moguer, Bonares, Rociana y Almonte conforman la denominada Corona Norte de Doñana, donde se concentra buena parte de las 11.000 hectáreas dedicadas en la provincia de Huelva al cultivo de frutos rojos; no solo fresas, también moras, frambuesas y arándanos.

Romualdo Macías. Presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, hace tiempo que este empresario agrícola dejó de ser un agricultor anónimo. Justo desde que asumió la presidencia de los Regantes del Condado, la entidad que defiende la legalización de 800 hectáreas que se quedaron fuera del denominado Plan de la Fresa, aprobado en 2014, y que fue diseñado con el fin de ordenar el territorio y paliar la sobrexplotación de los acuíferos.

Ahora, ocho años después, una proposición de ley del Partido Popular que ha sido respaldada en el parlamento andaluz por Ciudadanos y Vox, y sobre la que el PSOE se abstuvo, apuesta por devolver esos terrenos a la legalidad. "La proposición de ley es recuperar los derechos históricos de esos terrenos que realmente nunca se han dejado de plantar", dice Macías.

Derechos históricos que nunca han existido, nos dice Juan José Carmona, portavoz del Fondo Mundial para la defensa de la Naturaleza. Se trataría, no de 800, sino de 1.400 hectáreas, ampliables a 1.900, divididas en decenas de parcelas, independientes o integradas, explotaciones en su mayoría en activo, algunas desde hace poco tiempo pero todas, sin excepción, asegura Juan José Carmona, fuera de la ley desde que el plan aprobado hace ocho años estipulara que no eran terrenos de regadío.

Juan José Carmona, insiste en que el agua que se da a los regadíos es, ni más ni menos, que la que hay. Lo que nos lleva a una pregunta clave: ¿cuánta agua hay realmente disponible y cual es el estado del acuífero del Parque Nacional? Eloy Revilla, director de la estación Biológica de Doñana, no tiene dudas: los recursos hídricos están bajo mínimos.

Revilla el estado "es malo por una serie de factores, entre ellos la sobre explotación que esta sufriendo desde hace años y eso está afectando a las lagunas temporales que hace tiempo que no se llenan. Los espacios naturales están interaccionando con lo que les rodea y las acciones humanas en el exterior tienen efecto en el interior, todo lo que hagamos en esa comarca tiene una repercusión en Doñana".

Al menos en la comarca del condado la norma establece un máximo anual de 4.500 metros cúbicos de agua por hectárea cultivada, aunque no toda procede del subsuelo, naturalmente. "La idea y el futuro de la agricultura y del condado pasaría por cambiar el agua subterránea por el agua superficial", dice Romualdo Macías. Y reclama para ello tres obras importantes: la presa de Alcolea, el túnel de San Silvestre y el trasvase. Sea cuando sea que esas obras se acometan y una vez que ya estén en servicio, dependerán, básicamente, de la lluvia, algo que también escasea.

El Director Estación Biológica de Doñana recuerda que estamos en un periodo de sequía ya declarada por la confederación y eso significa que hay una "reducción de los recursos disponibles para usos humanos, empezando por la agricultura que es el principal consumidor de agua". Hay muchos cultivos que van a tener restricciones, incluyendo el arroz en el entorno de Doñana, que va a haber menos superficie porque no hay agua suficiente.

Pero Romualdo Macías defiende que "aquí no regamos como en otros cultivos por inundación, aquí regamos gota a gota, sabemos como poner la gota en el cultivo, medimos esa gota". El problema es que los cultivos sostenibles como este, basados en la tecnología y el sentido común, conviven con una lacra nunca resuelta: los pozos ilegales, que esquilman desde hace décadas los acuíferos. Recientemente se han clausurado unos 400, pero eso solo representa menos de la mitad de los que se calcula que están repartidos por todo el parque natural.

"Se ha tardado mucho en empezar a hacerlo, eso ha generado que los problemas, cuando se dejan los problemas un tiempo van a mas, son mas difíciles de resolver", se queja el director de la Estación. Macías asegura que no defienden a quien haya hecho algo indebido "pero lo que sí defendemos son las hectáreas que siempre han estado sembradas".

Lo que entraña el reconocimiento explicito de que las parcelas que quedaron fuera del plan se riegan con absoluta normalidad y sin control aparente de las autoridades. "Es que la otra opción es dejar de cultivas estos terrenos y convertir en un desierto la agricultura del condado. Porque tenemos que recordar que la agricultura del condado es el 80 por ciento de la agricultura de Huelva", dice Macías. 

Revilla insiste en que "se esta consumiendo ilegalmente, sin papeles, por eso está en mal estado el sistema de lagunas temporales en Doñana.  Si estas fuera de regulación, estas fuera de regulación, esto es así. Si estas utilizando un recurso que es un bien publico que es común sin los permisos, sin la concesión, estas robando un bien publico robándoselo al conjunto de la sociedad, eso es así".

Juan José Carmona, portavoz WWF Doñana, considera que "si al final aceptamos que cualquiera que lleva mucho tiempo regando ilegalmente tiene un derecho a regar legalmente, esto sería el salvaje oeste". Quizá sea por eso por lo que que la aparente unidad de los regantes del Condado se haya roto. Los agricultores de Almonte han abandonado la plataforma al no sentirse representados y quizá temerosos de que, si aumenta la superficie regable pero el agua disponible es la misma, o incluso menos, eso les deje a la cola del suministro.

Miguel Ángel Coronel, portavoz Regantes de Almonte, indica que no están en contra de la regularización de suelo agrícola regable, "pero si se está en contra en cuanto a la forma en la que se está planteando".

Aunque lo parezca, no se trata de un conflicto local. Doñana trasciende el territorio que ocupa. El estado de conservación de la mayor reserva natural de Europa inquieta en Bruselas y la Comisión ya ha advertido de sancionará a España si la regulación de las parcelas ilegales prospera. Por si fuera poco, la UNESCO ha pedido un informe detallado a su embajador en España. La posibilidad de que Doñana deje de ser Patrimonio de la Humanidad es muy remota, pero no del todo descartable.

Juan José Carmona, portavoz WWF Doñana, asegura que "este es un proceso que lleva su tiempo, sobre todo porque lo primero que le va a pedir la UNESCO a España es que cumplan sus compromisos, y que cumpla el plan tal y como se la ha dicho a UNESCO que se iba a cumplir, que es con la redacción actual". Igual ocurre con la Comisión Europea que sí ha indicado que hay que cumplir las  sentencias que nos condena por no cuidar Doñana. "Eso se puede traducir en multas económicas importantes que acabaremos pagando entre todos, y no es ninguna broma, en el caso de la depuración de aguas España lleva pagada, en multas, 50 millones de euros, y se pagan, porque es muy simple: no se trasfiere presupuesto. Desde Europa dicen, esta multa son tres millones, pues tres millones menos que mando de fondos a España".

Por no hablar de la repercusión económica, añaden los expertos. El fruto rojo onubense viaja por todo el mundo. Si la tormenta no cesa, el consumidor europeo no será capaz de distinguir la fresa legal de la fresa ilegal. Y las noticias, vuelan, para regocijo de los competidores. Por eso las organizaciones conservacionistas reclaman al gobierno andaluz que deje caer la iniciativa parlamentaria para dar paso a la negociación de alternativas.

Juan José Carmona asegura que "estamos abiertos a muchísimas soluciones, esto no es legalíceme sí o no. Podríamos buscar otras soluciones, el problema es cuando uno entra en la disyuntiva de todo o nada y además aquí o en ningún sitio, y este el problema que muchas veces se tiene con la interlocución por parte de determinados sectores".

Desarrollo a toda costa o un desarrollo sostenible. Derechos adquiridos o piratería agrícola. Urge definir de qué estamos hablando exactamente, porque no solo está en juego que el oro rojo onubense pierda su brillo, sino que la mayor reserva natural de Europa deje de serlo.