Patricia Ramírez pide un Pacto de Estado contra la violencia
La madre de Gabriel Cruz, el niño de 8 años asesinado en Almería por Ana Julia Quezada en 2018, ha comparecido en la Comisión de Interior del Senado donde ha confirmado que, finalmente, no se grabará un documental sobre la muerte de su hijo, en el que iba a participar su asesina.
Patricia Ramírez ha pedido reformas legislativas para defender los derechos de las víctimas de delitos violentos.
Este martes se cumplen seis años y tres meses de la aparición del cuerpo del niño Gabriel Cruz. Una fecha destacada que ha llevado a la madre del pequeño, a Patricia Ramírez, a comparecer a petición propia en la Comisión de Interior del Senado, donde ha pedido que se cumpla el Estatuto de las víctimas para que no se grabe un documental con testimonios de Ana Julia Quezada, en prisión permanente revisable por asesinar al pequeño.
Patricia Ramírez ha desvelado que la productora no hará la serie a pesar de que llevaba tres años pidiendo permisos a la cárcel de Ávila para entrevistar a la asesina. "El consumo de la violencia no puede ser una violencia. No puede ser morbo y espectáculo", ha dicho, para después solicitar "una verdadera implementación" del Estatuto de la víctima y su modificación y adaptación" para personas como ella, que se les ampare con justicia gratuita, que "los fiscales, ya que son pocos casos, actúen de oficio y con diligencia, disminuyéndose esa revictimización y esa victimización secundaria", y que "lo doten económicamente".
Denuncia la madre de Gabriel, que con los ingresos que tenía previsto embolsarse Ana Julia Quezada tenía intención de pagar la responsabilidad civil que asciende a un millón de euros. Patricia Ramírez ha llamado la atención a los grupos políticos de la necesidad de reformas legislativas para proteger debidamente los derechos de las víctimas, su honor y la imagen
La comparecencia, forma parte de la iniciativa anunciada por la madre del menor, quien anunció el pasado 11 de mayo su intención de encabezar una batalla judicial para frenar la supuesta producción de este 'true crime' tras tener indicios de que Ana Julia Quezada tendría un teléfono móvil y habría contactado con periodistas para filmar desde prisión el documental.
Durante su intervención ha dado a conocer "los continuos incumplimientos del estatuto de la víctima tanto por acción u omisión, las irregularidades dentro de la cárcel de Ávila e instituciones penitenciarias, acciones legales emprendidas y denuncia de diferentes hechos criminales".
Patricia Ramírez ha solicitado "medidas urgentes" para investigar los hechos y "depurar responsabilidades", así como para "resolver su situación económica en aras a la responsabilidad civil" de medio millón de euros a la que fue condenada la asesina, la cual todavía no habría sido satisfecha.
