Controvertida reapertura de la mina de Aznalcóllar

La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, ha autorizado este jueves la Autorización Ambiental Unificada para la apertura de la mina subterránea en Aznalcóllar (Sevilla) a manos de la entidad minera los Frailes, que prevé comenzar los trabajos de preparación para la explotación minera en el último trimestre del año.

Tras la obtención de esta autorización ambiental, la Delegación Territorial de la Consejería de Industria, Energía y Minas en Sevilla debe lanzar en las próximas semanas dos propuestas referidas a la resolución de autorización del proyecto de explotación y al plan de restauración, para las que se abrirá un trámite de audiencia pública de 15 días. Una vez finalizado este plazo, será el turno de la Dirección General de Minas del Ejecutivo andaluz, encargado de emitir la resolución de autorización final.

Así lo han anunciado en un encuentro con los medios de comunicación el consejero Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, y el titular andaluz de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, quienes han detallado que las previsiones sitúan el final del este proceso administrativo y el comienzo de los trabajos de preparación de la explotación minera en el último trimestre de este mismo año.

Estos trabajos comenzarán con la depuración y posterior desembalse del agua de las cortas, una tarea que tomará alrededor de 18 meses para 17,52 hectómetros cúbicos, de los cuales 15 pertenecen a la corta de Los Frailes. Este es el punto del proyecto que ha causado más revuelos entre las asociaciones ecologistas, que acusan al Gobierno autonómico de "autorizar un vertido de aguas tóxicas" al río Guadalquivir, un extremo negado por la Junta, que subraya las "garantías ambientales" con las que cuenta el proyecto.

La reapertura de la corta minera a manos de Minera Los Frailes --sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis-- viene ensombrecida por el cierre de la mina a cielo abierto de Aznalcóllar tras la gran catástrofe medioambiental de 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales pesados cuando estaba explotada por la entidad Boliden-Andaluza de Piritas SA (Apirsa).

El actual proyecto, una explotación a cielo abierto que ambos consejeros han reiterado que "nada tiene que ver con el relacionado al desastre" cuenta con una inversión prevista de 450 millones de euros y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros metálicos (cobre, zinc y plomo).

Esta Autorización Ambiental Unificada, según ha sostenido Fernández-Pacheco, afirma que el proyecto minero "cuenta con todas las garantías legales y técnicas para su apertura", algo que "no se realizará de forma inmediata", debido a que debe finalizar el proceso administrativo así como las tareas de preparación que se extenderán durante unos tres años. Cumpliendo los plazos, el inicio de la actividad minera se produciría a lo largo de 2027 y se extenderá durante unos 17 años.

Así, los titulares de Sostenibilidad e Industria han aseverado que la diferencia "más evidente" con el proyecto anterior es su condición de mina interior, lo que "reduce" su impacto ambiental: "no hay una balsa de residuos que se pueda romper", han resaltado.

El titular andaluz de Minas ha subrayado que se trata de "un proyecto de minería del siglo XXI" que cumple con "parámetros de respeto medioambiental, impacto social positivo en la comarca y planes de seguridad para los trabajadores".

Sobre los residuos, Paradela ha adelantando que una parte de ellos se reutilizarán para rellenar el interior de la mina, mientras que otra parte se destinará a la antigua mina, a efectos de restauración, al tiempo que ha asegurado que más del 80% del agua utilizada para tratar el mineral se reutiliza en el proyecto minero.

POSICIÓN DE LOS ECOLOGISTAS

Los colectivos ecologistas han alertado durante todo el proceso hasta la que la autorización ambiental que ésta permite "un vertido tóxico global de 85.520 millones de litros en una Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir, que contaminará todo el río desde Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), afectando igualmente al Parque Nacional de Doñana.

Ecologistas en Acción reclamaba este mismo jueves "un nuevo análisis" científico y técnico, de toda profundidad, del vertido al río Guadalquivir implícito en el nuevo proyecto de explotación de la mina. Insistiendo en el "vertido tóxico" inherente en el proyecto, los ecologistas consideran que antes de revisar este extremo, no debe ser concedido ningún permiso.

Ante la reiteración de estas advertencias por parte de las organizaciones ecologistas, el consejero de Sostenibilidad a asegurado que la Junta "no va a autorizar ningún vertido tóxico", al tiempo que ha resaltado que "el vertido a realizar son aguas depuradas con controles muy estrictos", por lo que "el impacto en el río Guadalquivir será el mínimo posible".

"La decisión adoptada respecto al vestido es la más respetuosa", ha subrayado Fernández-Pacheco. A este respecto, la empresa explotadora de la mina ha incluido en su presupuesto una estación depuradora de agua "de última generación" que se une a la promoción de una nueva red de infraestructuras para la gestión hídrica del proyecto.

"La ejecución del plan obliga a un exahustivo plan de vigilancia y control de aguas", ha abundando el consejero, quien, en este punto, ha añadido que la empresa ejecutora "debe contar con una garantía financiera superior a los 60 millones de euros durante toda la vida del proyecto".

Los 60 millones se desgranan en 40 millones para la rehabilitación ambiental del espacio minero y 20 millones para garantías ambientales, el máximo establecido por la ley, según ha resaltado Jorge Paradela. La rehabilitación incluye el remodelado del terreno y la integración paisajísitca, convirtiendo las antiguas cortas en lagos mineros naturalizados.

El actual proyecto, ha proseguido el consejero, se trata de un "procedimiento excepcional" que ha contado con dos informaciones públicas y para el que "se han estudiado todas las aportaciones". En esta línea, ha destacado que gracias a las aportaciones de los ecologistas "el proyecto cuenta con un plan de contingencia y la figura de un hidrogeólogo y un técnico ambiental residente".

INVESTIGACION DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

De otro lado, la Audiencia de Sevilla ha fijado para el 3 de marzo de 2025 el comienzo del juicio correspondientes a la investigación penal de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes a México-Minorbis, en el que participa la sociedad andaluza Magtel, por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación; tras la denuncia formulada por Emerita-Forbes Manhattan, empresa que pujó sin éxito por tales derechos.

El asunto llegará a juicio, al detalle, después de que la juez instructora del caso ordenase dos veces archivar las actuaciones al no apreciar delito la Fiscalía, pero ambas órdenes de sobreseimiento fuesen revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.

Sobre este respecto, desde el Ejecutivo autonómico se han respaldado en los autos que "avalan" la continuidad del proceso administrativo.