El PP pide recusar a dos magistradas del Constitucional y que el presidente se aparte del caso ERE
Los populares reclaman que Inmaculada Balaguer, María Luisa Montalbán y Cándido Conde-Pumpido no participen en la resolución de los recursos de los exaltos cargos socialistas, entre ellos los de Chaves y Griñán.
El partido de Feijóo alega que estos magistrados han ocupado otros cargos públicos vinculados al socialismo y han tenido relación con el proceso judicial de los expedientes irregulares en Andalucía.
De salir adelante la recusación, los populares lograrían romper la mayoría progresista de la corte de garantías, que ya ha reducido las penas de seis condenados.
El Partido Popular denuncia la relación directa de cinco magistrados del Tribunal Constitucional con el caso de los ERE, algo que tacha de "gravísimo". Por ello pide la recusación de dos magistradas y la abstención del presidente de la Corte de Garantías cuando se voten los recursos de amparo pendientes, entre ellos los de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. De esta manera se rompería la mayoría progresista en el Constitucional, que ya ha reducido las penas de seis exaltos cargos socialistas.
ARGUMENTOS DEL PP PARA LA RECUSACIÓN
A la hora de plantear esta recusación el PP se acoge a la Ley del Poder Judicial, que en su artículo 219 detalla hasta 16 causas de abstención o recusación en una causa judicial.
Esas causas van desde el parentesco con alguna de las partes implicadas, a los vínculos con ellas por haber sido cargo público cuando se produjo el hecho juzgado o investigado. En el caso concreto de los ERE, el PP señala tres causas para pedir la recusación: la número 9 de esa lista, que se refiere a tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes; la número 13: haber ocupado cargo público y como tal haber participado en el asunto que se juzga o investiga; y la número 16: haber ocupado cargo público y haber conocido detalles del tema sobre el que luego podría tener que decidir como juez.
En concreto, el PP va a pedir la recusación de las magistradas Inmaculada Montalbán y María Luisa Balaguer, y que el presidente, Cándido Conde-Pumpido, se aparte de los recursos que afecten al caso de los ERE.
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha anunciado esta decisión en una rueda de prensa este jueves en el Congreso de los Diputados, en la que ha repasado la trayectoria profesional de estos magistrados y su vinculación con el PSOE o con el proceso judicial de la trama por la que fueron condenados dirigentes socialistas en Andalucía.
El dirigente popular ha recordado que Cándido Conde-Pumpido se abstuvo cuando la causa de los ERE llegó al Tribunal Supremo porque habiendo sido fiscal general del Estado "participó en la tramitación de este asunto" y sostiene que tendría que haber hecho "exactamente lo mismo en esta ocasión como presidente del Constitucional".
De Inmaculada Montalbán el PP ha denunciado que presidió la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y "fue ponente o participó en al menos 22 sentencias relacionadas con los ERE".
En cuanto a María Luisa Balaguer, los populares la cuestionan por haber sido consejera del Consejo Consultivo de Andalucía y ponente de 28 dictámenes sobre toda la casuística del caso de los ERE.
Bendodo también ha puesto en cuestión a otros dos magistrados del TC, Juan Carlos Campo y María Luisa Segoviano, a los que todavía no pedirá recusar, aunque el partido de Alberto Núñez Feijóo no descarta ampliar sus acciones a este respecto.
Sobre Juan Carlos Campo, quien fuese ministro de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez, el PP ha denunciado que pasó del Ministerio al Tribunal Constitucional y que además fue director general de Justicia con el presidente andaluz Manuel Chaves "en el periodo investigado por los ERE" y secretario general de Relaciones con el Parlamento entre 2014 y 2015, cuando la Cámara abordó en muchas ocasiones la trama.
De María Luisa Segoviano apuntan además que como magistrada de la sala de lo social del Tribunal Supremo firmó dos sentencias relacionadas con el caso de los ERE.
El PP argumenta que estos miembros del Tribunal Constitucional "han participado anteriormente en decisiones de este caso, no deben participar en la votación en el Constitucional" para garantizar la "obligada apariencia de imparcialidad" que tiene que tener este órgano.
