En 2022 prestó ayuda a 23.600 personas. Las mujeres víctimas de violencia de género son el colectivo más numeroso.
Profesionales de la justicia, psicólogos y otros expertos analizan en unas jornadas la trayectoria de este servicio gratuito.
El Servicio de Atención a las Víctimas en Andalucía, conocido por sus siglas SAVA, cumple 25 años. Atiende a las víctimas de cualquier tipo de delito y también a sus familiares. La mayoría son mujeres y prácticamente la mitad, mujeres víctimas de la violencia machista.
Pero el SAVA también atiende a las personas que hayan sido víctimas de cualquier otro delito: robos, explotación laboral, explotación sexual, agresiones sexuales, etc. En 2022 atendió a 23.600 personas, de las que 18.000 eran mujeres y 2.200 menores de edad.
Profesionales de la judicatura, fiscalías, expertos en criminología o en psicología de la víctimas, entre otros colectivos, han analizado este lunes la trayectoria del SAVA con motivo de sus 25 años. Ha sido durante unas jornadas que también han contado con el testimonio de la magistrada afgana Suraya Ahmadyar que logró el estatus de refugiada tras acreditar que es víctima de violencia laboral, social y económica en su país.
La Consejería de Justicia ha organizado estas jornadas, que se han celebrado este lunes en el Acuario de Sevilla para poner en valor un servicio que cumple un cuarto de siglo atendiendo a víctimas de todo tipo de delitos que acuden al mismo por iniciativa propia o son derivadas por los juzgados, servicios sanitarios y sociales, letrados, fiscales o agentes de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado.
El SAVA cuenta con oficinas en las sedes judiciales principales de las ocho capitales y la Consejería de Justicia también ha dotado en los últimos años a este servicio de equipos itinerantes para acercar el servicio a las víctimas de otros partidos judiciales, sobre todo del medio rural, lo que ha permitido duplicar el número de usuarios atendidos.
Se trata de un servicio gratuito que ofrece la Consejería de Justicia a toda persona que haya sido víctima de un delito y sus profesionales acompañan a la víctima en todo el procedimiento judicial, desde la interposición de la demanda hasta la resolución del conflicto