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La nueva normativa para ascensores, en "La tarde del verano"

Miguel Ángel Fernández ha entrevistado a José Carlos Frechilla, CEO de Federación Empresarial Española de Ascensores (Feeda), para conocer el coste de los cambios a los que obliga la norma que ha entrado en vigor este 1 de julio.

10 julio 2024

España es el país de Europa con más ascensores por habitantes, más de un millón y uno de los que más tiene en todo el mundo. Sin embargo, es también el que tiene uno de los parques más antiguo y "entre el 30 y el 35% son viejos", es decir, tienen más de 30 años. Lo ha dicho José Carlos Frechilla, CEO de Federación Empresarial Española de Ascensores (Feeda) en La tarde del verano, al respecto de la nueva normativa que ha puesto en marcha el Gobierno desde este pasado 1 de julio para "reducir los accidentes".

De hecho, asegura que "es un cambio normativo que llevamos demandando desde que se hizo el último, en 2013, que dejaba fuera aspectos de seguridad importantes". Y eso que, para no alarmar a nadie, ha precisado que "el parque de ascensores de España es muy seguro. Todos los aviones del mundo mueven al día a 1.250.000 personas y solo los ascensores de España mueven al día a 300 millones de personas y pocas noticias de accidentes tenemos y suelen ser leves".

Entre las medidas destacadas a implementar en los que no lo tengan es la de colocar "un dispositivo que trata de evitar un uso indebido por sobrecarga con lo que ahora si lleva sobrecarga no va a funcionar".

En cuanto a la inversión de las medidas que recoge la normativa, Frechilla no se ha atrevido a dar una cifra exata porque "depende del ascensor y no todos van a a tener que poner todas las medidas porque las han ido incorporando". De cualquier manera, "para ese 30% de ascensores más viejos la inversión va a ir de los 500-800 euros hasta los 8.000-9.000".

El incumplimiento por parte de las comunidades de vecinos o empresas conllevará una sanción, pero este representante de la patronal puntualiza que "las sanciones no son exclusivas de esta normativa, se rigen por la normativa de seguridad industrial que es de 1992". Además, está convencido de que habrá "flexibilidad de inspectores y comodidades de pago parte de las empresas que prestan el servicio".

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