La sentencia sobre los ERE, sin fecha

Tres meses después de que el Constitucional resolviese los recursos de los condenados en la pieza política del caso ERE, la Audiencia de Sevilla ni ha dictado aún las sentencias con las nuevas penas ni lo hará a corto plazo. ¿Cuál es el motivo? Contratiempos en la conformación del tribunal que debe dictar las nuevas sentencias. De los tres magistrados que integraron el tribunal sentenciador, el presidente, Juan Antonio Calle, se jubiló anticipadamente a finales de 2021. Y La magistrada Encarnación Gómez Caselles se encuentra en excedencia voluntaria por cuidado de un familiar desde el pasado mes de julio. Con esta situación, no se cumple el requisito de la mayoría que exige la ley, que haya al menos 2 de los 3 jueces que celebraron el juicio. Sólo está disponible la magistrada Pilar Llorente.

De momento, se desconoce cómo se va a resolver esta situación que provocará un retraso en el dictado de las sentencias, entre ellas las de los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, se ha pronunciado sobre esta cuestión en "La mañana de Andalucía" de Canal Sur Radio. Ha declarado que elevará una consulta al Consejo General del Poder Judicial para que interprete si la magistrada que se encuentra en excedencia voluntaria puede o no formar parte del tribunal. Del Río reconoce que una opción podría celebrar una nueva vista, lo que retrasaría el fallo. quizá "sería necesario o bien esperar a que pase esa situación de excedencia" o "en su caso", promover "una nueva vista, un nuevo juicio con un tribunal distinto, lo cual sí que sería un problema de tiempo enorme", si bien Lorenzo del Río ha declinado aventurar "si sería un juicio idéntico, con repetición" o "en qué condiciones" se celebraría una nueva vista.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla condenó en 2019 al expresidente de la Junta José Antonio Griñán a seis años de cárcel por malversación y 15 años de inhabilitación por prevaricación, mientras Manuel Chaves era condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación, penas mantenidas por el Supremo al desestimar en 2022 sus recursos de casación contra la sentencia inicial del órgano provincial, por tres votos contra dos de los magistrados de ese tribunal.

Recientemente, el Tribunal Constitucional, por siete votos a favor y cuatro en contra de los magistrados encargados del caso, estimaba parcialmente los recursos de amparo de los expresidentes, anulando la sentencia inicial condenatoria de la Audiencia con relación a ellos y otros tantos acusados y ordenando a dicha instancia provincial que emita nueva sentencia incorporando los fundamentos incorporados por el tribunal a este asunto.

Según el Constitucional "no cabe considerar que la participación en la aprobación de anteproyectos de ley de presupuestos y su aprobación como proyectos de ley pueda ser calificada como resoluciones recaídas en asunto administrativo".

Así, el tribunal considera, entre otros aspectos, que "la conducta malversadora no puede provenir del uso de un procedimiento de presupuestación que contempla el pago de ayudas a través de las transferencias de financiación y la firma de convenios amparado por la ley, sino, en su caso, de la disposición de los fondos presupuestados para fines no previstos en el programa o incluso carentes de tal interés público".