El exmarido de Lucía Garrido, culpable de su asesinato quince años después

Quince años y medio después del crimen de Lucía Garrido, que fue hallada flotando, con golpes y un corte en la yugular en la piscina de su finca "Los Naranjos", en Alhaurín de la Torre en 2008, un jurado popular ha declarado culpables al exmarido y al autor material del asesinato.

Los miembros del jurado consideran al exmarido culpable del asesinato de su exmujer como cooperador necesario y han destacado que "se creía impune por la cantidad de contactos que tenía en la Guardia Civil" así como que se buscó un viaje como "coartada" y "consintió" el crimen.

Este es el segundo juicio que se celebra por el asesinato de Lucía Garrido; en el primero, en 2019, el jurado declaró no culpables a los acusados y fueron absueltas cuatro personas, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró la nulidad del veredicto y de la sentencia respecto a dos de ellos, el exmarido de Garrido y el supuesto sicario como presunto autor material del crimen, y mantuvo la absolución respecto a los otros acusados, dos guardias civiles.

Durante el juicio, el fiscal argumentó que el crimen se produjo porque la mujer era un "estorbo" y sabía demasiado de las actividades ilícitas que su exmarido realizaba en la finca relacionadas con el tráfico de animales y el narcotráfico.

A pesar de que ya estaban separados, el exmarido tenía permiso judicial para utilizar la finca donde vivía su exmujer para seguir con su negocio relacionado con la cría de animales de compañía y custodia de animales salvajes.

Según el relato leído por el portavoz del jurado, a la víctima la abordaron por sorpresa, la golpearon en la cabeza, la arrastraron hasta la piscina, allí la apuñalaron en el cuello y la arrojaron al agua.

El jurado ha considerado probado que el crimen se cometió con "planificación, crueldad y frialdad" y por ello el fiscal ha mantenido la petición de 24 años de prisión para el exmarido y 22 para el autor material del crimen.

Además, la acusación pública ha pedido el ingreso en prisión para los dos acusados por el riesgo de fuga, aunque el magistrado ha decidido, sin embargo, que se tomen medidas cautelares como la presentación cada quince días en sede judicial, la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada de pasaporte.

Para el jurado, el exmarido "consintió" el crimen y para ello se fue unos días viaje para "crear una coartada", además de retirar los dos perros que protegían a la mujer y a su hija en la finca.

También ha considerado probado que hubo malos tratos, que le cortó la luz, el agua, le rajó las ruedas del coche y que dejó de alimentar a los animales que había en la finca porque "se convirtió en una molestia para sus negocios".

Respecto al autor material del asesinato, los miembros del jurado han dado validez a su identificación a través de unas pruebas de ADN en una llave que apareció en la piscina y no han considerado la coartada de que ese día tuvo un examen de conducir y luego fue al cumpleaños de su madre.

Para el jurado ha quedado acreditado que el autor material del crimen pertenecía a una banda de delincuentes y que el único interés que tenían era acabar con la vida de la víctima ya que no hubo robo ni agresión sexual.

El fiscal siempre ha mantenido que el acusado había usado la finca para sus negocios, relacionados con la cría de animales de compañía y con la custodia de animales salvajes o exóticos, que eran allí acogidos tras su decomiso en aduanas o intervenciones policiales.

Según el fiscal, tras "ese tinglado se solapaban actuaciones ilícitas", tales como el tráfico de especies de fauna protegida o la ocultación de drogas que le eran confiadas por organizaciones de delincuentes, hechos que no eran objeto de este procedimiento.

El juicio comenzó el pasado 23 de octubre y se ha prolongado durante algo más de dos semanas en las que los acusados siempre han mantenido su inocencia.

El pasado viernes finalizó la vista oral y este lunes el magistrado presidente entregó el objeto de veredicto y el jurado quedó incomunicado hasta que adoptaran una resolución.