Moreno urge a Montero a desbloquear el cambio de propiedad de casas de El Palo en Málaga

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha urgido por carta a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a desbloquear la transmisión de propiedad de casas de las playas de las barriadas de El Palo y Pedregalejo, en Málaga, de acuerdo a la ley. En el antiguo barrio pesquero de El Palo unas 4.000 personas viven en casas que se consideran parte de la playa y, tras más de 40 años de lucha, sienten desesperación, incertidumbre e impotencia porque su situación parece congelada en un limbo legal y no logran legalizar las viviendas. Desde allí, la portavoz de la Junta, Carolina España, ha recordado este sábado que existe el aval jurídico para dar una solución.

En muchos casos pertenecen a familias que llevan viviendo en el barrio desde hace seis y siete generaciones, pero el suelo donde están sus casas es de dominio público marítimo terrestre, aunque se encuentran por detrás del paseo marítimo y a entre 60 y 120 metros del mar. Moreno insta a Montero a impulsar, junto al resto de ministerios implicados y con la mayor celeridad posible, los trabajos necesarios para "desbloquear esta situación y poner fin a una cuestión que, después de tantos años, sigue en espera de solución".

El presidente andaluz, que ofrece su disposición a colaborar, considera "imprescindible" que se adopten "medidas concretas y definitivas" para aprobar la orden ministerial conjunta que determine los procedimientos de identificación de los afectados y permita avanzar en la transmisión de la propiedad. Lo afirma pese a valorar la disposición de la Dirección General de Patrimonio del Estado para tratar esta cuestión en el marco de la coordinación interministerial y con los municipios afectados, como trasladó en alguna ocasión al Ayuntamiento de Málaga.

"Es urgente que esta situación no se perpetúe en el tiempo. Cada día que pasa sin resolver este problema supone un agravio para los vecinos afectados, que ven sus derechos comprometidos y sus expectativas frustradas, pese a los compromisos legales y las sentencias que avalan la resolución", señala en su misiva.

Recuerda que la ley de protección y uso sostenible del litoral, junto a sentencias del Tribunal Constitucional, "reconocen la necesidad de proceder a la desafectación de estos terrenos del dominio público marítimo terrestre y su posterior transmisión a los ocupantes".

Sin embargo, precisa que la cuestión continúa "en un estado de incertidumbre administrativa que perjudica a los vecinos de estas barriadas y obstaculiza su legítima regularización" y le traslada la preocupación del Gobierno andaluz por la situación urbanística del asunto, que califica como "de evidente trascendencia histórica y social".