La Audiencia de Sevilla reanuda el juicio a la excúpula de UGT Andalucía
Entre los acusados, el ex secretario general del sindicato, Manuel Fernández Sevilla junto a otros dirigentes y empresarios, acusados de ser presuntos autores de un fraude de 41 millones de euros concedidos por la Junta para cursos de formación
Esta macrocausa se juzga diez años después de que la iniciara la instrucción.
Este lunes se reanunda en la Audiencia de Sevilla el juicio a la excúpula de UGT de Andalucía por una supuesta trama de facturas falsas para desvíar 40 millones de euros en subvenciones de la Junta de Andalucía para los cursos de formación. La sesión comienza con la declaración del exsecretario regional del sindicato, Francisco Fernández Sevilla.
La Sección Tercera de la Audiencia enjuicia a Fernández Sevilla y a otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical como presuntos autores de un delito continuado de fraude de subvenciones, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían sido defraudados 40.750.047,74 euros de subvenciones públicas
Junto a Fernández Sevilla se juzga al que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la exsecretaria de Gestión Económica, María Chapín; la exresponsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea, y otras diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
La Fiscalía Anticorrupción reclama siete años de cárcel y multa de 50 millones de euros para Fernández, al igual que para Fresneda, Charpín y Goicoechea, mientras que para Dolores Sánchez reclama cinco años y 50 millones.
Para los otros diez acusados, que eran los proveedores de UGT Andalucía, la Fiscalía reclama tres años de prisión y multas de doce meses a una cuota diaria de 12 euros -3.600 euros-, mientras que se pide que Fernández, Fresneda, Charpín y Goicoechea indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con la cantidad de 40.750.047,74 euros, y Dolores Sánchez con 4.288.707,74 euros.
Esta macrocausa se juzga diez años después de que la iniciara el juzgado de instrucción 9 de Sevilla y se viera retrasada debido a que se realizaron complejos informes periciales necesarios para el esclarecimiento de los hechos, de forma que no fue hasta mayo de 2021 cuando se remitió la causa.
