Un auditor de Boliden cifra en 115 millones los costes del vertido y defiende la actuación de la empresa

El Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla ha celebrado este martes una nueva sesión del juicio destinado a resolver la reclamación de la Junta de Andalucía contra la multinacional sueca Boliden, en demanda de 89,8 millones de euros por los costes de restauración ambiental afrontados por la Administración autonómica, tras la catástrofe natural de 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de la mina de Aznalcóllar, explotada entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

Entre otras comparecencias, este martes ha declarado Robert Gibb, quien como miembro de la consultora económica Ernst & Young se encargó de auditar las cuentas de Boliden-Apirsa entre 1994 y 2002, autor de dos informes emitidos en 2003 y 2005 sobre las "cantidades gastadas" por la entidad como consecuencia del "accidente" de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de dicho recinto minero. Asegura que la marcha de la empresa fue ordenada y comunicada a la Junta de Andalucía. 

BOMBA DE RELOJERÍA

También ha declarado un doctor en descontaminación de suelos por minería pirítica, que como miembro de la entonces Empresa de Gestión Medio Ambiental (Egmasa) ostentó la dirección técnica de la Oficina de Restauración creada por la Junta de Andalucía, para coordinar las labores de recuperación medio ambiental ante dicho macro vertido.

Este especialista en descontaminación de suelos, identificado como José Luis S., ha desgranado cómo fue diseñada una "estrategia" de recuperación de la "calidad" del suelo afectado por este macrovertido, detallando que una vez "inmovilizados" los metales pesados y retirados los lodos contaminantes vertidos sobre los terrenos; eran tomadas muestras de los citados suelos para comprobar los niveles de azufre pirítico y, en caso de que los resultados arrojasen parámetros que superasen los "umbrales de riesgo", "se seguían retirando" capas de suelo hasta alcanzar "una limpieza suficiente" de los terrenos.

De no haber sido retirados los citados lodos contaminantes, según ha dicho, "habrían ido a los acuíferos y al estuario del Guadalquivir. La contaminación del vertido, según ha enfatizado, constituía "una bomba de relojería" en todos los ámbitos.

EFECTO EN EL TURISMO

También ha comparecido Antonio Carbajal, el que fuera responsable de una empresa de consultoría medioambiental contratada por la Junta de Andalucía para elaborar informes de "seguimiento" del "impacto" del siniestro y así "acotar" el mismo, quien ha rememorado que fruto del alcance mediático del asunto en Europa, con titulares de prensa como "el sur de España contaminado" o "Andalucía manchada", hubo cancelaciones de reservas turísticas incluso en Almería.

Este consultor medioambiental ha precisado que la labor de su entidad se limitó entrevistas, consultas y análisis de documentación, asegurando que salvo los pozos de agua "invadidos por los vertidos", las aguas subterráneas no resultaron afectadas y las superficiales, una vez comenzadas las labores de recuperación, "enseguida volvieron a parámetros normales" y presentaban "el PH propio del agua potable".

LA CALIDAD DEL AIRE Y LOS CANGREJOS

Es más, ha señalado estudios según los cuales en la zona afectada por el vertido, la calidad del aire era "mejor que en la ciudad de Sevilla" en lo que se refiere a la concentración de partículas de metales pesados; señalando el caso de cangrejos en los que fue detectada la presencia de metales pesados "por encima de lo normal", aunque sin relación con el vertido, extremo que ha conectado con los "muchos años" de actividad minera en Sierra Morena y Río Tinto y los "residuos" que tal extremo haya dejado.

En cuanto al consumo de alimentos, ha asegurado que una vez "encapsulada la zona" afectada por el vertido, caracterizada por los cultivos agrícolas, no hubo "riesgos" para la salud pública.

De igual manera, este consultor de medio ambiente ha expuesto que el proyecto del Corredor Verde del Guadiamar partía de la premisa de crear una galería natural y fines también "turísticos" en suelos que tenían uso agrícola y que habían sido afectados por el vertido.