El Senado aprueba definitivamente la nueva Ley de Memoria Democrática
Declara ilegal el régimen franquista y amplía hasta 1983, cinco años después de aprobada la Constitución, el reconocimiento de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y la posible reparación económica que ello conlleve.
La cámara rechaza los los vetos de PP, Vox, Ciudadanos y UPN y no ha aceptado ninguna de las 521 enmiendas al texto que venía del Congreso.
El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles definitivamente el proyecto de ley de Memoria Democrática que el Gobierno pactó con Bildu, Más País, PDeCAT y PNV. La Cámara Alta ha rechazado los vetos de PP, Vox, Ciudadanos y UPN y no ha aceptado ninguna de las 521 enmiendas al texto que venía del Congreso.
La nueva ley de Memoria ha salido adelante en una votación que ha durado más de una hora y a la que han asistido asociaciones memorialistas, que han aplaudido en pie el resultado de la votación, con 128 votos a favor.
Por el contrario, 113 senadores han votado en contra, y ha habido 18 parlamentarios que se han abstenido. En cualquier caso, la ley entrará en vigor en los próximos días cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Esta ley, que supone una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después se metió en 'la nevera' al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante, ya que a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos se sumó el rechazo inicial de ERC.
Fue el pasado mes de junio cuando el proyecto se sacó del cajón para reactivar la tramitación, una vez que PSOE y Unidas Podemos habían acercado posturas con otras formaciones minoritarias. Así, la Ley de Memoria Democrática superó la fase de ponencia tras introducirse varias enmiendas pactadas con Bildu, PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.
El grueso de los acuerdos se alcanzó con Bildu, empezando por ampliar hasta 1983, cinco años después de aprobada la Constitución, el reconocimiento de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y la posible reparación económica que ello conllevase.
En concreto, la ley mandata al Gobierno a crear, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas "por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983". Ese estudio deberá recoger "posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo".
En otro de los acuerdos previos se introdujo una enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia. El proyecto de ley ya recogía la nulidad de sus resoluciones y la ilegitimidad de estos tribunales que finalmente se reconocerán como ilegales.
Con Más País, y el PDeCAT, el PSOE y Unidas Podemos cerraron otro acuerdo que declara "ilegal" el régimen franquista y reconoce expresamente que "las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos" alumbraron la democracia.
Con el PDeCAT se acordó articular mecanismos y recursos para evaluar la "represión y persecución" cultural y lingüística del franquismo, declarando "víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega".
Y con el PNV se selló otro pacto para fijar en un año el plazo para la restitución de documentos u efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil. Podrán beneficiarse también partidos, sindicatos o unidades militares que reclamen enseñas, emblemas o banderas que estén en poder de entidades públicas.
