Juicio a 35 ex altos cargos de la Generalitat por el desvío de 3,2 millones para el referéndum

La semana de la investidura de Pedro Sánchez termina con un juicio relacionado con el 'procés'. Ha sido en el Tribunal de Cuentas. Lo que allí se juzga es el desvío de fondos de la Generalitat para organizar el referendum ilegal del 1 de Octubre de 2017. Se trata de un asunto avocado al cierre porque lo que se juzga cabe dentro de la ley de amnistía pactada con los independentistas, por eso las defensas han intentado paralizarlo.

Lo que reclama la fiscalía son 3,2 millones de euros. A jucio del ministerio público eso es lo que costó la organización de la consulta y su promoción en el extranjero. Sociedad Civil Catalana, quer actúa como demandante, eleva esa cifra a casi el doble, 5,3 millones. ¿Contra quién se dirige este procedimiento? Los demandados son 35 ex altos cargos y funcionaros de la Generalitat, y entre ellos destacan los expresidentes Artur Mas y Carlas Puigdemont, además del exvicepresidente Oriol Junqueras y Raül Romeva, exconsejero de Asuntos exteriores. Como decíamos, esta causa coincide con el debate sobre la ley de amnistía, y ese ha sido el argumento de las defensas para evitar que continúe.

La vista ha terminado con la incógnita de si se suspenderá el procedimiento a raíz de la proposición de ley de amnistía que el PSOE presentó el pasado lunes. La sesión de este viernes, que ha durado menos de dos horas, se ha celebrado después de que la consejera del Departamento 2? de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, rechazara la petición del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y del resto de encausados de ERC de suspenderla por la proposición de ley de la amnistía.

Aunque la consejera ha acordado celebrar la vista, ha avisado al inicio de la sesión de que más adelante se pronunciará por escrito sobre si suspende el procedimiento ante la proposición de ley de amnistía.

Fue el martes cuando los encausados de ERC pidieron la suspensión del juicio a la espera de la aprobación de la ley de amnistía. Los republicanos alegaron que era "altamente probable" que la entrada en vigor de la norma tuviese lugar en los próximos meses y apuntaron que el juicio de este viernes podía "acarrear cargas procesales innecesarias".

Los de ERC no han sido los primeros en pedir la suspensión de la vista. De hecho, recientemente Puigdemont y los exconsejeros huidos Lluís Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí solicitaron que no se celebrara la vista porque consideraban que primero debía haber una resolución penal firme. El TCu desestimó esta petición.

Este viernes, la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana han mostrado su oposición a que se suspenda la vista como pide ERC por una futura ley de amnistía. El representante del Ministerio Público ha asegurado que, aunque la petición se basa en la economía procesal y "no puede hacer otra cosa que agradecer" la solicitud porque son principios que comparte, se tiene que oponer porque la suspensión "no se puede subordinar a un acontecimiento futuro".