La aplicación de la amnistía, en manos de los jueces

Los fiscales del Supremo que intervinieron en el juicio del procés han informado al Fiscal General del Estado que el delito de malversación no es amnistiable por lo que piden que se mantenga la orden de detención contra Puigdemont. Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza señalan que una Directiva europea de 2017 impide la posibilidad de amnistiar los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea. A su vez, la Ley de Amnistía excluye de forma clara los hechos que afecten a los intereses financieros de la UE. El Fiscal General del Estado se compromete a estudiar el informe.

Carles Puigdemont está procesado por desobediencia, que sí se incluye según los fiscales en la amnistía, pero también por malversación. Por eso se oponen a la retirada de la orden de detención contra Puigdemont, que lleva más de 6 años huido de la justicia española.

Una vez aprobada la Ley de Amnistía, toca ahora responder algunas preguntas inmediatas que tienen que ver con su aplicación. ¿Cuándo se empieza a aplicar esta ley? Lo primero es que la ley entre en vigor, lo que sucederá en el mismo momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, para lo que existe un plazo de dos días laborables. Es decir, o este viernes o el próximo lunes.

Pero esto no significa que la norma se aplique ya de manera automática. Para ello se establece un plazo máximo de dos meses en el que los órganos judiciales tendrán que estudiar caso a caso con carácter peferente y urgente. Lo que sí debe ser inmediato es el levantamiento de todas las medidas cautelares que hayan adoptado los tribunales contra las personas encausadas. Por ejemplo, las órdenes nacionales de busca y captura, como la que dictó el Tribunal Supremo contra Carles Puigdemont.

¿Y a quién se aplica la ley de amnistía, quiénes se vana beneficiar? Hay nombres propios en la mente de todos. Por ejemplo, los líderes independentistas vinculados al procés. Como el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ambos fugados.  También Oriol Junqueras, de quien se extinguirá la pena de inhabilitación a la que fue condenado por el Tribunal Supremo en 2019.

El Gobierno cifra en 372 personas las personas relacionadas con el procés a quienes la amnistía se aplicará directamente. Se incluyen aquí los policías nacionales que también fueron imputados por el operativo. Junts va más allá y apunta a casi un millar los beneficiarios de la ley. Cabe recordar que la cobertura de la ley se amplió en segunda instancia después de que Junts la rechazara inicialmente por su desacuerdo con el alcance de la misma.

¿Pueden los tribunales frenar la aplicación de la ley? Cabe pensar que haya jueces que alberguen dudas sobre su encaje en la Carta Magna y que eleven una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías. O que planteen una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si entienden que no se adapta al derecho comunitario. En ambos supuestos, se paralizaría la ejecución de la medida de gracia hasta que las instancias competentes se pronuncien sobre ellas. Esto podría suponer que pasen años con la aplicación de la ley de amnistía congelada. En este sentido, es una opinión muy extendida entre los juristas, que se abre un terreno un tanto desconocido con respecto a la aplicación final de la amnistía, que, como cualquier otra norma, dependerá de la interpretación que haga cada juez.

Una pretensión que él mismo podría haber frenado ante su desconfianza sobre que la orden de captura que aún pesa sobre él se haya extinguido, por lo que se plantea participar de esa constitución del Parlament, pero votando de manera telemática. Dudas que radican en la posibilidad de que el Tribunal Supremo, que es el que investiga a Puigdemont, plantee, como decíamos, una cuestión de inconstitucionalidad sobre la aplicación de la amnistía en su caso concreto.