Los pactos cruzados tensan las relaciones entre el Gobierno y sus socios

El acuerdo fiscal para Cataluña pactado entre ERC y el PSC para investir a Salvador Illa como president incomoda a la oposición, pero también a las comunidades autónomas, que ven peligrar los fondos que el Estado reparte para sufragar sus servicios públicos. Sin embargo, ERC y Junst aprietan más las tuercas al Gobierno a cambio de sus votos. Mientras PP y Vox denuncian la debilidad parlamentaria del Ejecutivo.

La financiación es el principal caballo de batalla político, con los partidos independentistas catalanes elevando sus exigencias al Gobierno si quiere sus votos para sacar adelante la reforma fiscal, la senda de estabilidad o los presupuestos del año que viene. ERC y Junts cifran en 22.000 millones el déficit fiscal de España con Cataluña.

Carles Puigdemont ha dado una vuelta de tuerca más y ahora condiciona su apoyo a las cuentas públicas a que Pedro Sánchez admita que ha dejado de invertir en Cataluña 1.300 millones sólo en el último ejercicio. Mientras, ERC calcula que, con la financiación singular para Cataluña pactada con el PSC para investir a Salvador Illa, Cataluña recibirá 8.700 millones de euros más que en la actualidad.

Estas exigencias despiertan recelos en la oposición. Mientras Vox denuncia que el acuerdo fiscal catalán es opaco y relega al Estado, el Partido Popular recrimina al Gobierno su humillación ante sus socios.

El Ejecutivo se encuentra entre la espada y la pared porque el pacto fiscal catalán solivianta a las comunidades, también las del PSOE como Castilla La Mancha, además de provocar roces entre sus socios de investidura.

DEBATE SOBRE LA REFORMA FISCAL

El Gobierno apura los plazos para sacar adelante su nueva reforma fiscal que pactó con Sumar, su socio de gobierno. La ministra Montero intenta recabar los apoyos en la Comisión de Hacienda, que ya es la tercera vez que se convoca, aunque Bildu, Esquerra y Podemos votarían que no si se elimina el impuesto a las energéticas. El proyecto de ley pactado con Sumar incluye un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales y grandes grupos nacionales.

El Partido socialista pactó, a finales de octubre, suprimir el impuesto especial a las energéticas, que expira a finales de año, y modificar el actual de la banca. Mientras Bildu, Esquerra y Podemos son partidarios de mantener el impuesto a las energéticas tal y como está ahora, Junts, confirmó que no lo apoyará porque perjudicaría la inversión de 1.100 millones de euros prevista en Tarragona y Sumar decidió dar marcha atrás y apoyar a su socio de gobierno.

Montero intenta recabar apoyos, contra reloj, aunque Podemos, asegura que el Ejecutivo no ha negociado con ellos durante el fin de semana y mantiene su postura inamovible mientras que Junts asegura que la comisión es un trámite y que lo que cuenta es la votación en el Congreso del próximo jueves.

ENMIENDAS SOCIALISTAS EN EL CONGRESO FEDERAL DEL PSOE

Seis federaciones socialistas han aprobado enmiendas a la ponencia que se debatirá en el próximo Congreso Federal de Sevilla en las que piden cambios sobre la propuesta de financiación autonómica que defiende la dirección nacional. Son las federaciones de Madrid, Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Galicia y Extremadura, que reclaman un sistema justo, multilateral y con criterios comunes para todas las Comunidades autónomas. Desde Andalucía, los socialistas defienden el debate sobre el sistema de financiación en el seno de este proceso congresual y aseguran que el modelo de financiación del PSOE andaluz sigue siendo el mismo que propugnan desde hace años.