Para auxiliar de apoyo en la Administración General del Estado.
Desde que en 2011 se aprobó la obligatoriedad de reservar en las administraciones públicas un 2 por ciento para personas con discapacidad intelectual, se han convocado 1.356 puestos de trabajo.
Más de 6.000 personas con discapacidad intelectual optan a 455 plazas de empleo público. Las pruebas se han celebrado este sábado en Sevilla, A Coruña, Madrid y Zaragoza, en la mayor convocatoria por el número de aspirantes de las celebradas hasta la fecha.
Los 6.262 inscritos para realizar los exámenes optan a una de las plazas de auxiliar para tareas complementarias de apoyo de la Administración General del Estado correspondientes a dos ofertas de empleo público: una de 199 y otra de 256 plazas.
La entidad Plena Inclusión destaca la gran oportunidad laboral para las personas con discapacidad intelectual, ya que solo dos de cada diez en edad de trabajar tienen un empleo.
Se trata de la oposición más multitudinaria de las siete celebradas en España. Desde 2012, la Administración General del Estado ha convocado 1.356 puestos de trabajo para la función pública, a los que han optado 18.398 personas con discapacidad intelectual.
En 2011 se aprobó la obligación legal para las administraciones públicas de reservar un 2 % para personas con discapacidad intelectual de las nuevas plazas que se creen.
Después de un largo proceso, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha admitido 6.262 solicitudes de aspirantes, que han viajado desde distintas comunidades a las cuatro sedes en las que se desarrollan los exámenes: Sevilla, Zaragoza, Madrid y A Coruña.
La organización, que agrupa a 950 asociaciones que apoyan a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (como autismo, síndrome de Down o parálisis cerebral), pide a las administraciones central, autonómicas y locales que aumenten al 3 % la reserva de plazas de empleo público para estas personas, dado su interés y las dificultades a las que se enfrentan para conseguir un empleo.
También reclama adaptar las pruebas de promoción interna y que se hagan convocatorias específicas para las personas con discapacidad intelectual.
Se estima que en España hay unas 400.000 personas con discapacidad intelectual.