Un protocolo coordinará los servicios de atención a la violencia de género

Andalucía se dota de un protocolo de coordinación de los servicios de atención a la violencia de género de la Administración de Justicia y del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que facilitará la transmisión de la información necesaria para reducir o minimizar la revictimización de estas mujeres. Este documento, del que ha tomado conocimiento este martes el Consejo de Gobierno, es un nuevo instrumento para reforzar la asistencia a las víctimas de violencia de género, está dirigido al personal de apoyo a las víctimas y ha sido elaborado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del IAM, con la colaboración de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

Con frecuencia, las víctimas de delitos, en este caso de violencia machista, desconocen el funcionamiento del sistema judicial en el que se introducen cuando se inicia un procedimiento, según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Dichas circunstancias, junto a la unión o el vínculo que en ocasiones siguen manteniendo con sus agresores, pueden determinar las respuestas y actitudes que presentan las víctimas y que puede repercutir en sus declaraciones, llegando a darse situaciones de bloqueo, confusión, desbordamiento, incomprensión, motivando ello incluso desistirse de dar continuidad al procedimiento judicial.

El Gobierno andaluz considera necesario prestar atención a los posibles itinerarios que una mujer víctima de violencia de género debe afrontar a su paso por el sistema judicial, adecuándose a sus necesidades y características. Con este protocolo se busca fortalecer la coordinación entre los diferentes servicios y recursos especializados en la atención a las víctimas de violencia de género, en concreto, de los servicios prestados por el IAM así como de los vinculados a la Administración de Justicia.

Además, quiere ser una guía práctica, operativa y formativa, creando mecanismos fluidos de comunicación entre todos los agentes implicados y, al mismo tiempo, dar a conocer los recursos existentes y favorecer el trabajo en red.

RED CORPORATIVA

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes el gasto para el nuevo contrato de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía (RCJAv5) que, con una inversión superior a los 193 millones de euros, será el más importante de España y uno de los principales en toda Europa. Como principal novedad, la nueva licitación destaca una simplificación de los lotes pasando de siete contratos y un encargo de gestión a un solo expediente con tres lotes.
El lote 1 es para Servicios Troncales de Comunicación y Seguridad; el 2 para Servicio de Acceso de Datos; y el 3 para Servicios de Voz y Servicios en Movilidad.

Además, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se integrará en los tres lotes, logrando así más sinergia y operatividad.
El nuevo contrato aportará conectividad en todas las sedes de la Junta de Andalucía, con un mínimo de 1 Gbps (incluso con 10Gbps), lo que permitirá que a todos municipios de Andalucía llegue la banda ancha.

Además, dará máxima prioridad en la mejora de la securización en las comunicaciones, tanto en los ordenadores como en los dispositivos móviles, para hacer frente al creciente número de amenazas, tanto en la modalidad de teletrabajo como en la oficina, así como en el tráfico de navegación, que permiten un uso seguro de internet.

Aportará funcionalidades más avanzadas para la monitorización y gestión de flujos de tráfico entre subredes, servicios en directo de audio y vídeo para los organismos adheridos a la red, servicios de publicación desde la computación en la nube y evolución de la VPN (redes privadas virtuales) hacia un servicio con mayores prestaciones.

Por otro lado, también proporciona medidas y tecnologías para proteger la red desde el perímetro externo, como el filtrado de contenido y control de acceso para prevenir accesos no autorizados desde el exterior.

La RCJAv5 seguirá teniendo un impacto directo sobre la ciudadanía y las empresas andaluzas, ya que sobre los servicios de telecomunicaciones que proporciona la red se sustenta toda la prestación de los servicios públicos que ofrece la Junta de Andalucía tales como servicios relacionados con la atención a la ciudadanía, salud, igualdad, educación, medio ambiente o justicia, entre otros.

Además, se trata de un activo estratégico de la Junta que favorece la estructura organizativa y de gestión de la administración, el desarrollo económico y cohesión territorial de Andalucía, ofrece al sector público una solución integradora para la prestación de servicios digitales, además de reducir costes y mejorar la calidad de los servicios públicos.

En ese sentido, la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía se ha convertido en una de las redes corporativas de telecomunicaciones más avanzadas y que sirve de motor para el desarrollo del sector TIC andaluz y favorece el despliegue de infraestructuras de redes de comunicaciones por toda la región.