El exministro defiende su honorabilidad y reconoce que le hubiera justado tener el respaldo de su partido.
El PSOE le ha suspendido de militancia y le ha abierto un expediente que podría acabar en su expulsión.
El exministro socialista José Luis Ábalos mantendrá su escaño en el Congreso y se ha registrado como diputado del grupo mixto, con lo que ha desoído el ultimátum del PSOE que le dio un ultimátum de 24 horas para renunciara a su acta de diputado por el caso Koldo.
En rueda de prensa minutos antes de que empezara el pleno de este martes y en la que ha anunciado que no renuncia al escaño, Ábalos ha dicho que necesita defender su "honorabilidad" y que seguirá en el grupo mixto para no enturbiar las relaciones con el grupo socialista.
Ha señalado que ha tomado una de las decisiones "más duras" de su vida y que nunca podría haberse imaginado estar "fuera de las siglas del PSOE".
"No puedo rendirme... si yo renunciara en este momento se interpretaría como signo de culpabilidad y solo provocaría mi estigmatización no solo política sino personal. Sé lo que es ser un apestado político", ha aseverado.
Ábalos, que se ha mostrado emocionado en ocasiones y molesto con la falta de "compañerismo" de algunos miembros del PSOE, ha señalado que se debe a aquellas personas que le han rogado que siga adelante, y que "no se rinda".
En todo momento ha invocado a su "honorabilidad" y ha recordado que no está acusado "de nada" ni forma parte de la investigación del caso Koldo ni tampoco se ha beneficiado de "ningún enriquecimiento ilícito". "No tengo necesidad de invocar el principio de inocencia", ha proclamado.
El exministro ha dejado en manos de la Justicia la investigación del caso Koldo y ha asegurado que la querella señala que el procedimiento de contratación de compra de mascarillas fue correcto cuando él ejercía como titular de Transportes.
Ante la decisión de pasar al grupo mixto, una decisión que ha calificado de "drástica", Abalos ha criticado a los que le pedían su renuncia al acta por motivos "éticos".
"Quienes exigen mi dimisión apelan a una supuesta ética pero no tienen en cuenta como repararlo si hago un sacrificio público. ¿Cuál sería la reparación y quién se acordaría de repararlo?", se ha preguntado.
Toda vez que el diputado ha formalizado ya su paso al grupo mixto en el registro, aunque esta tarde no acudirá al pleno.
El exdiputado socialista, que este martes no acudirá al pleno del Congreso, ha relatado que ha vivido un escenario "muy turbio" en las últimas horas en las que no ha podido establecer una relación con su partido, lo que le ha llevado a marcharse al grupo mixto, en el que estará junto con los diputados de Podemos, BNG, UPN y CC.
En una comparecencia sin preguntas, ha lamentado que no se haya visto respaldado por la dirección de su partido al que ha contribuido -ha puntualizado- para formar un gobierno progresista y tras haber "servido como ministro a España".
"Y habiendo ayudado como secretario de organización al PSOE para cohesionar la militancia en tiempos complejos tras primarias de 2017. Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo", ha recalcado.
EL PSOE ABRE EXPEDIENTE
El PSOE ha suspendido cautelarmente de militancia al exministro. En una resolución difundida a los medios tras la rueda de prensa de Ábalos en el Congreso, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE resuelve incoar un expediente disciplinario al exministro y suspenderlo cautelarmente de militancia, en aplicación de los estatutos del partido.
El PSOE ha tomado esta decisión al alegar que Ábalos ha incumplido con una exigencia de la Ejecutiva Federal, que el pasado lunes le dio un plazo de 24 horas para que renunciara a su escaño al considerar que tiene responsabilidad política en el caso en el que está investigado su exasesor Koldo García, por el supuesto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia.
Además, el PSOE indica que ahora estudiará en profundidad el caso, con la posibilidad de llegar más lejos con las sanciones previstas si finalmente se prueban algunas de las faltas imputadas a Ábalos, con medidas como la suspensión de afiliación, la inhabilitación para cargos públicos y orgánicos por un periodo de entre 2 y 18 meses o de 18 meses a 36 meses, e incluso la expulsión del partido.
Todo ello dependerá de si el partido estima que Ábalos ha cometido una falta grave o muy grave tras incumplir con la exigencia de la Ejecutiva Federal para que entregara su acta de diputado.
En concreto, el PSOE considera que Ábalos podría haber cometido una falta grave por la "obstrucción a la labor y decisiones de los órganos del partido" y tres muy graves, entre ellas "el abandono del cargo público para el que hubiera sido designado o elegido sin la previa autorización del órgano competente" de la formación.
Asimismo, el PSOE estima que el exsecretario de Organización socialista podría haber incurrido en una falta muy grave por actuar "en contra de acuerdos adoptados por los órganos de dirección" del partido y por "menoscabar la imagen de los cargos públicos o de las instituciones socialistas".
A partir de ahora, Ábalos dispone de un plazo de cinco días para hacer llegar al instructor de su expediente en Ferraz las pruebas que estime oportunas para defenderse de estas acusaciones de su propio partido.
Por el momento, la única decisión en firme es su suspensión cautelar de militancia lo que implica, según recuerda el PSOE, que Ábalos está libre de todos los derechos y deberes como militante socialista, excepto la obligación de abonar puntualmente las cuotas y de respetar las decisiones políticas de los órganos de dirección.
PUENTE CUESTIONA LA DECISIÓN DE ÁBALOS
El ministro de Transportes y Movilidad sostenible, Óscar Puente, ha cuestionado este martes la decisión del exministro José Luis Ábalos de pasarse al Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados, lo que "no es coherente con la trayectoria política", y ha subrayado que tiene una "responsabilidad política" en el "caso Koldo" por haber elegido a Koldo García como su asesor.
Puente ha añadido que tiene "el más alto concepto por José Luis Ábalos como persona y como político", y ha reconocido que la situación es para él, desde el punto de vista político y personal, "absolutamente desgarradora".
"Si me hubieran dicho que tenía que vivir ese momento, pedir a José Luis Ábalos el acta porque ante una petición del partido se negaba a hacerlo, no lo hubiera creído porque no es coherente con lo que ha sido", ha indicado.
En su opinión, Ábalos "tiene que tomar una decisión que esté a su altura como político y ésta, desde luego, no lo está" y tampoco es la mejor de las decisiones designar a "personas que no tienen la cualificación necesaria" en operaciones como la compra de material sanitario.
Tras destacar que Ábalos "ha sido un militante ejemplar, un gran socialista, un gran ministro y un gran secretario de organización socialista", ha explicado que "nadie en el PSOE le está acusando a Ábalos de corrupción", pero, a su juicio, tiene "una responsabilidad ineludible" porque "uno elige a quién le rodea".
El ministro ha recordado el caso de Josep Borrell frente a Joaquín Almunia en 1999, cuando el primero tuvo que renunciar como candidato a la presidencia del Gobierno después de conocerse que dos de sus colaboradores estaban siendo investigados.
"Borrell se marchó. Nadie le vio como un corrupto y esa decisión le engrandeció", ha subrayado.
Según Puente, Ábalos "se equivocó eligiendo y vigilando", especialmente tras haber escuchado sus declaraciones del fin de semana pasado, en las que reconocía que fue advertido por mucha gente sobre su colaborador.
El titular de Transportes ha manifestado su rechazo ante cualquier acto de corrupción, diciendo que lucrarse con un contrato público es un delito, "pero hacerlo además en una situación de pandemia es una inmoralidad casi insuperable y esa es la gravedad de todo este asunto".
Asimismo, el ministro ha detallado, en una rueda de prensa, la puesta en marcha de una auditoría específica, anunciada ayer, sobre la compra centralizada mediante dos órdenes ministeriales para adquirir 13 millones de unidades de mascarillas FPP2, ocho millones por parte de Puertos del Estado y cinco millones por parte de Adif.
Dicha compra ya fue en su momento fiscalizada por el Tribunal de Cuentas y por la Intervención General del Estado (IGAE) sin que se encontraran irregularidades y, además, fue el material más barato adquirido en España en aquel momento.
Puente ha detallado que la auditoría será realizada por la Inspección General de Servicios para garantizar su independencia, compuesta por funcionarios de carrera "que no deben su puesto a este Gobierno y son inamovibles", cuyas conclusiones se esperan "a la máxima brevedad posible".