Aborto: cruce de caminos

Pocas leyes han generado un debate tan intenso y prolongado en el tiempo como la ley del aborto. Hay quienes quieren ampliarla y quienes buscan derogarla. En España, la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho en las primeras catorce semanas de gestación y se realizan, anualmente, 80.000 intervenciones. Sin embargo, casi nunca en hospitales públicos. El gobierno central busca fórmulas para hacer compatible la objeción de conciencia médica con garantizar una asistencia adecuada a quien decide abortar.

Articular una ley, cualquiera que esta sea, necesita tiempo y espacio, voluntad de acuerdo y habilidad para superar obstáculos. Ninguna legislación, sin embargo, se ha enfrentado a tantos escollos en los últimos cuarenta años como la ley del aborto. Y muy pocas han generado un debate tan intenso. Incluso hoy, cuando la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho plenamente consolidado, el viejo dilema entre legalidad y moralidad ha resurgido. Y de nuevo, sin términos medios. Mientras apuestan por ampliar la ley, otros persiguen derogarla por completo.

Estamos en Córdoba. Es mediodía. Un grupo de personas reza a pocos metros de una clínica. Son voluntarios de la campaña denominada 40 días por la vida, una iniciativa ciudadana contraria al aborto que cuenta con el respaldo explicito del papa Francisco.

Los voluntarios se turnan cada hora, desde las nueva de la mañana a las nueve de la noche, siempre en pequeños grupos. Afirman que están en su derecho a hacerlo porque les ampara la libertad de expresión y de culto. Y así es, en efecto. El problema, nos dicen en la clínica a la que ahora nos dirigimos, es que, con frecuencia, no se trata solo de rezos.

Lo que a un lado de la calle se denomina libertad de expresión, al otro lado de la puerta se interpreta como hostigamiento. La presión de los grupos contrarios al aborto no es nueva, pero en los últimos tiempos la estrategia ha cambiado. Si antes el objetivo eran la clínica y sus empleados, ahora se trata de poner en evidencia a las mujeres que libremente se acercan hasta aquí para interrumpir su embarazo.

En esta clínica cordobesa se practican unos 900 abortos al año, todos dentro de la primeras 14 semanas de gestación, tal y como establece la ley. La campaña 40 días por la vida no parece haber alterado la afluencia habitual. Otra cosa es el estado de ánimo de las mujeres que acuden a este centro. Muchas dicen haberse sentido acosadas.
Siete de cada diez interrupciones voluntarias se llevan a cabo en la octava semana de gestación

La subdelegación del gobierno en Córdoba decidió intervenir y estableció que los grupos de orantes debían concentrarse a una distancia prudencial de la clínica. La tensión inicial ha remitido. Mucho más controvertido es el papel de las rescatadoras, voluntarias que abordan a las mujeres en la calle para informarles de los supuestos riesgos que corren al abortar.

Eva Rodríguez, portavoz ACAI, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, cree que "está habiendo una ofensiva grande de los grupos conservadores, que lo único que quieren es imponer en sociedades laicas sus creencias". 

En España se realizan anualmente alrededor de 80.000 abortos voluntarios, unos 18.000 en Andalucía. Se trata de una asistencia reglada que, sin embargo, casi nunca se realiza en los hospitales públicos. No al menos en nuestra comunidad autónoma donde las mujeres que deciden abortar en las primeras 14 semanas de gestación son derivadas gratuitamente a alguna de las once clínicas concertadas que operan en Andalucía. La Junta destina cada año 7 millones de euros a la financiación de este convenio asistencial. Durante la pandemia, la cifra de abortos voluntarios disminuyó un 11%, la tasa más baja desde 2010.

Pero, ¿por qué no se practican abortos voluntarios en la sanidad publica? El presidente del Consejo andaluz de colegios de médicos, Antonio Aguado, afirma que la mayoría de los facultativos están en contra de la interrupción del embarazo y aunque reconoce que la ley es constitucional y ha servido para acabar con el drama de los abortos clandestinos, la objeción de conciencia es todavía mayoritaria entre los profesionales de los hospitales públicos.

¿Todos los profesionales sanitarios son objetores o podría suceder que aquellos que sí estarían dispuestos a practicar un aborto no lo manifiestan para evitar señalarse frente a la dirección o al resto de compañeros?. Eva Rodríguez cree que "el tema es eso, porque a nosotros mismos, los que trabajamos en las clínicas también no estigmatizan. Yo sé de compañeros de algunas clínicas, que sus familias, excepto su mujer a lo mejor, no saben que trabajan en una clínica IVE 1450 y claro en un hospital además te vas a encontrar con la presión de gran parte de tus compañeros del hospital porque no están de acuerdo con la practica que tu realizas: muchas veces es una cuestión de estigma y además que profesionalmente eso no suma".

El gobierno ha anunciado que prepara una reforma de la ley actual para garantizar que todos los hospitales públicos cuenten con unidades propias para practica abortos voluntarios y con profesionales dispuestos a realizarlos. La propuesta se antoja compleja y aun así el sindicato médico andaluz considera que la reforma, al menos en Andalucía, es factible.

La objeción de conciencia es un derecho que asiste a cualquier profesional sanitario que desee ejercerlo. Sin embargo, la denuncia de una mujer que no pudo someterse a un aborto terapéutico en un hospital público de Madrid ha puesto de manifiesto una paradoja: el mismo centro sanitario que trató su embarazo se negó a a interrumpirlo y la mujer fue derivada a una clínica privada. El caso de Marta Vigara destapó decenas de situaciones similares en hospitales de todo el país

Abortar no es solo una decisión personal. Es una opción legitima amparada en una ley constitucional. Más allá de las creencias personales, es un derecho que a nadie obliga. La mujer es libre de ser madre o no serlo, y aunque se trata de una practica normalizada socialmente, muchos médicos están en contra. Y también es legítimo. El fondo de la cuestión es que, aunque la ley contempla el aborto voluntario como una prestación sanitaria pública, la realidad es que casi siempre se aborta en privado. Una anomalía que no ha sido resuelta en los últimos 40 años.