Amplían la causa contra González Amador por el uso de una empresa pantalla para ocultar pagos de Quirón

La jueza que investiga al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, va a ampliar la causa para aclarar si González Amador cometió delitos de administración desleal y corrupción en los negocios al usar una empresa pantalla para ocultar pagos del Grupo Quirón. La magistrada ha estimado un recurso de Más Madrid y el PSOE, personados como acusaciones particulares en el caso que se instruye contra la pareja de Ayuso por fraude a Hacienda y falsedad documental.

González Amador recurrirá en apelación la decisión de la jueza Inmaculada Iglesias de abrir una pieza separada para investigar si ha incurrido en la comisión de delitos distintos a los dos delitos contra la Hacienda Pública y delito de falsedad documental que ya se instruyen en la causa en la que se investiga un supuesto fraude fiscal, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La magistrada, al frente del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, acordó en un auto dictado ayer abrir una investigación aparte del procedimiento principal por el supuesto uso de una sociedad instrumental para "ocultar unos ingresos" del Grupo Quirón que debían haber sido declarados.  Y lo hizo al estimar de forma parcial un recurso de reforma interpuesto por el PSOE y Más Madrid contra el auto en el que la jueza denegó el pasado 31 de julio todas diligencias interesadas por esta parte que ejerce la acusación popular.

La pieza separada se abre para investigar posibles nuevos delitos "en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L empresa de Alberto González Amador y su cliente Quirón Prevención S.L".

La resolución analiza "si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Materman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L. pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados".

La acusación popular entiende que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber "una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención".

Considera que podría tratarse de "una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS Products, SL e Inteconn, INC ya que como resultado de esas operaciones, Maxwell facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020".

La magistrada menciona que el informe de la Agencia Tributaria han llevado a la conclusión de que "se trata de una sociedad instrumental constituida y utilizada por la mercantil Maxwell Cremona S.L. para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a terceros, en concreto frente a Quirón Prevención S.L, simulando que es aquella la prestadora de los servicios, cuando se acredita que no cuenta con los medios personales y materiales adecuados para tal fin".

"Se aprecia una clara intencionalidad de trasladar parte de los ingresos de Maxwell Cremona S.L. procedente de Quirón Prevención a Alberto González Amador, utilizando para ello como sociedad intermediaria a Masterman S.L. es decir, que el 15 de diciembre de 2021 Maxwell Cremona cede parte del contrato de prestación de servicios a Masterman S.L. para, al día siguiente transmitir la totalidad de las participaciones de Masterman S.L. a Alberto González Amador consiguiendo de este modo que parte de los fondos procedentes de Quirón Prevención SLU acaben en manos de González Amador", señala la resolución.

Según consta en el auto, en el informe de la inspección se indica que la crisis sanitaria surgida a partir de 2020 a raíz de la pandemia por Covid- 19 supuso "una oportunidad de negocio para Maxwell Cremona S.L. que dio lugar a un incremento muy sustancial de sus ingresos de actividad, a pesar de lo cual no se produjo un incremento de su tributación por el impuesto de sociedades, consecuencia de diversos comportamientos fraudulentos como lo son la deducción de gastos improcedentes con origen en la factura que se reputan falsas o falseadas".

Tras el análisis, la jueza considera que procede la estimación parcialmente el recurso interpuesto por la acusación popular y en consecuencia se acuerda la incoación de una pieza separada con el fin de investigar "si en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L y su cliente Quiron Prevención S.L se ha podido incurrir en otros delitos distintos a los dos delitos contra la Hacienda Pública y delito de falsedad documental objeto de esta diligencias previas".