Las autonomías han respondido a la advertencia de la ministra de Vivienda de reducir financiación a quienes no cumplan la ley.
Denuncian el "intervencionismo" de varias normas que el Ejecutivo cree "necesarias".
Las comunidades del PP, entre ellas Andalucía, rechazan la advertencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de reducir los fondos para este capítulo a aquellas autonomías que no cumplan con la ley de Vivienda. Las "insumisas" consideran que la norma invade sus competencias. Entre ellas está Andalucía.
Son dos aspectos fundamentales. La ley fija un tope del 3% a la subida del alquiler este año 2024 e introduce como novedad el concepto de declaración de zonas con precios de alquiler tensionados, que son aquéllas donde los precios están disparados y son las comunidades las que deben limitarlos. La Junta considera ambas normas una invasión directa de su competencias en materia de vivienda y del derecho de propiedad.
En este último punto, Bernal ha negado que los pisos turísticos sean responsables de la subida de los precios del alquiler. "Definitivamente, no", ha sentenciado, ya que "del total de vivienda que tenemos en Andalucía, no más del 4% son viviendas de uso turístico. Creo que es razonable pensar que el 4% de todas las viviendas no pueden ser responsables de que no haya viviendas en alquiler".
Por su parte, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha defendido la postura de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez ya que, ha explicado desde Cádiz, "se encarecen los precios y nadie hace nada, cuando esto requiere actuaciones públicas que permitan modularlo".
Andalucía fue la primera comunidad autónoma en recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda, e incluso, consiguió que se anulen cuatro de sus artículos, pero ya son otros ocho recursos los que están pendientes de resolución de otras tantas comunidades autónomas que, en una u otra medida, consideran que la norma es demasiado intervencionista. Son las de Madrid, Murcia, Galicia y Castilla León, gobernadas por el PP, pero también otras con gobiernos de otro color político como Castilla la Mancha, País Vasco, Baleares y Canarias. Sólo Cataluña acata a día hoy el 100% las disposiciones de la ley.
En Andalucía, IU celebra el anuncio de la Ministra de Vivienda que ha advertido que los fondos a las comunidades autónomas podrían estar condicionadas al cumplimiento de la ley estatal. Vox considera que se trata de una amenaza y dice que la ley deja sin vivienda digna a millones de españoles. Por su parte, el PSOE aboga por un pacto sobre vivienda con más inversión por parte de la Junta de Andalucía.
PETICIÓN DE COMPARECENCIA DE LA MINISTRA
La vivienda es un asunto que tensa también las relaciones entre el Gobierno y sus socios habituales, incluso en el seno del Ejecutivo. Tres grupos han pedido la comparecencia en el Congreso de la ministra de Vivienda por su apelación a la “solidaridad” de los caseros para contener los alquileres.