La ardua tarea de recuperar el dinero
La sentencia cifra en 680 millones el dinero distribuido irregularmente pero ahí acaban los cálculos.
Aún quedan por determinarse cuál fue en coste en sobrecomisiones y en ayudas a empresas, muchas de las cuales ni existen ya.
Coincidencia en que los 6.000 prejubilados, muchos de los cuales aún cobran ayudas, no tendrán que devolverlas.
El juicio de la pieza política de la macrocausa de los ERE, de la que acabamos de conocer la sentencia, es la más importante de toda la macrocausa. Pero cuantitativamente es una mínima parte. Ahora quedan los juicios de las empresas que recibieron las ayudas y de las sobrecomisiones cobradas.
La macrocausa de los ERE está dividida en tres grandes bloques. Una, la pieza política, cuya sentencia concluye que el sistema por el que la Junta dio ayudas era fraudulento. Dos, la pieza de las sobrecomisiones, las que cobraban los intermediarios, en la que está encausado Juan Lanzas, conocido como "el conseguidor".
Y, tercera, el bloque de las empresas que cobraban cada una de las ayudas. Las cifras cambian continuamente pero, globalmente, más de 180 empresas las recibieron. De éstas, 60 están archivadas, bien por prescripición o por no apreciarse delito. El resto, aún en investigación. Y sólo cuatro están ya preparadas para que se celebre el juicio en la Audiencia. El primero, en septiembre de 2020.
En cuanto al dinero, la sentencia concluye que hubo 680 millones de euros malversados, pero no desglosa qué parte se pagó correctamente y cuál fue fraudulenta. En lo que sí parece haber acuerdo es en que los 6.000 prejubliados no tendrán que devolver el dinero. El Supremo ya dijo que esas ayudas son legítimas.
Los expertos también coinciden en esto. Luis García Navarro, abogado de la acusación del Partido Popular, asegura que "no se va a traer nunca a los prejubilados que están cobrando sus prestaciones. Las están cobrando legalmente", dado que, arguye, en 2012 se reguló para que pudieran hacerlo.
José Antonio Martín Pallín, de Jueces para la Democracia, asegura que "la devolución va a ser un problema muy arduo. En las ayudas individuales a prejubilados "sería absolutamente injusto" que se las reclamaran. Y, además, añade, "muchos habrán fallecido".
Joaquín Yust, de la Asociación Profesional de la Magistratura cree que de la sentencia "no puede deducirse que tenga que devolverse absolutamente nada". El Supremo coincide con las defensas en que el dinero defraudado es 140 millones de euros.
