La Junta recurre en el Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas

El Gobierno andaluz ha aprobado un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno central porque cree que invade sus competencias. Considera que deja sin efecto la bonificación que se aplica en Andalucía del impuesto de Patrimonio, que es una de las medidas que defiende el ejecutivo para atraer inversiones. Además solicita la suspensión cautelar del mismo hasta que se produzca una sentencia definitiva.

Así lo ha manifestado la consejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno en la que se ha dado luz verde a la interposición del recurso de inconstitucionalidad. Ha indicado que la Junta ha decidido recurrir este "mal llamado" Impuesto de solidaridad porque su establecimiento por parte del Ejecutivo nacional fue una respuesta a la decisión del Gobierno andaluz de bonificar al cien por cien el impuesto de patrimonio en esta comunidad.

"Este impuesto va contra la política tributaria de la Junta de Andalucía", ha indicado la consejera, para quien estamos ante un claro "ataque a la autonomía fiscal y financiera" de esta comunidad.

Los tres argumentos fundamentales en los que se basa el recurso ante el TC, según ha añadido, son que el Impuesto de solidaridad supone una "invasión de las competencias normativas de la comunidad", recogidas en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía andaluz y en la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas (Lofca); una "vulneración" del artículo 23 de la Carta Magna en cuanto al procedimiento para aprobar este impuestos, que se ha hecho a través de una "enmienda a una ley por la que se creaban otros dos impuestos", y una vulneración del principio de seguridad jurídica recogido en la Constitución.

La consejera ha indicado que cerca de 1.000 personas en Andalucía tendrían que pagar el nuevo Impuesto de solidaridad (afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros), frente a las 19.000 personas que pagaban el impuesto de patrimonio en esta comunidad. Ha indicado que a la Junta no le preocupa "tanto la recaudación" como la invasión de competencias y el "efecto huida".

Ha alertado de que este Impuesto de solidaridad "contra" Andalucía "ahuyenta la inversión y frena el crecimiento económico", porque las grandes fortunas y los inversores se pueden ir a otros países de nuestro entorno en los que no existe.

ARGUMENTOS DEL RECURSO

Según ha informado la consejera, el Consejo Consultivo de Andalucía considera fundada la interposición del recurso de inconstitucionalidad y avala la solicitud de suspensión cautelar del nuevo tributo estatal que planteará en su recurso el Gobierno andaluz, con la intención de que los contribuyentes que se vean afectados por dicho impuesto no se vean obligados a hacer frente al primer pago del mismo, mientras el Tribunal Constitucional decide sobre su aplicación.

El informe del Consejo Consultivo era un trámite preceptivo, aunque no vinculante, antes de poder presentar el recurso. La Junta de Andalucía disponía hasta final de marzo para formalizarlo (tres meses después de la publicación en el BOE y entrada en vigor de la Ley recurrida). Los servicios jurídicos de la Junta trabajarán en la elaboración del recurso para su presentación formal ante el TC antes de que finalice el plazo.

Según una nota de la Junta, el Consejo Consultivo entiende, como el Gobierno andaluz, que, con la creación del nuevo impuesto, "el Gobierno central invade competencias normativas que son ejercidas legítimamente por las comunidades autónomas y que están recogidas en la Constitución, en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, entre otras muchas normas".

El Gobierno andaluz considera que la aplicación de este nuevo impuesto, "con el objetivo confeso de armonizar la tributación por el Patrimonio de las personas físicas en los distintos territorios autonómicos de régimen común, invade las competencias normativas que han asumido las comunidades autónomas en relación con el Impuesto sobre el Patrimonio, lo que menoscaba la autonomía financiera que garantiza el artículo 156.1 de la Constitución española e infringe el llamado 'bloque de la constitucionalidad".

Según la Junta, el efecto práctico del impuesto será evitar la aplicación de las bonificaciones autonómicas en el Impuesto de Patrimonio en las comunidades de Madrid (100% de bonificación), Andalucía (100%) y Galicia (25% en 2022 y 50% en 2023) para patrimonios netos de más de tres millones de euros, por lo que, con el nuevo tributo, "la política tributaria que libremente desarrollan los gobiernos de las distintas comunidades autónomas en el libre y constitucional ejercicio de su acción política se ve drástica y repentinamente alterada".

"Todo ello, además, sin posibilidad de acuerdo ni consenso, y sin utilizar el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto en la Lofca para coordinar la actividad financiera de las comunidades de régimen común, lo que colisiona con el principio de lealtad institucional consagrada en es norma", según el Ejecutivo andaluz.