El exsecretario general de UGT-A asegura que tenía el "ok" de la Junta a las subvenciones

El ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla ha comparecido este lunes como acusado en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla a cinco  antiguos responsables de la organización sindical, como supuestos autores de un delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

A la hora de comparecer ante la Sección Tercera de la Audiencia, Fernández Sevilla sólo ha accedido a responder a las preguntas de su defensa y del tribunal, no así al fiscal, el resto de acusaciones y los demás abogados en representación de los restantes acusados, que son el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas más que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

En este marco, el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla ha explicado que el supuesto "bote" de dinero cosechado por UGT-A para sus gastos propios, gracias al excedente de la presunta práctica de imputar a las subvenciones de la Junta de Andalucía para cursos de formación facturas supuestamente infladas por los proveedores previo concierto con el sindicato; no era "nada raro", sino que era un mecanismo de "funcionamiento interno" para el "día a día" de las relaciones con los proveedores, al objeto de que cuadrasen las cuentas con los mismos. 

"No había nada raro", ha insistido, después de que el extrabajador del departamento de Compras de UGT-A Roberto Alejandro Macías, condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al haber filtrado a medios de comunicación, pero no a la Policía o las instancias judiciales, "información reservada y sensible" de la trama ahora sometida a este juicio, testificase en el juicio que el sindicato orquestó un sistema de "facturas fraudulentas o falsas" con cargo a las subvenciones autonómicas, gracias al cual cosechaba este "bote" o "fondo de reptiles" con el cual sufragar gastos no imputables a las ayudas.

Fernández Sevilla ha manifestado así que supo del término de "bote" cuando, fruto de las publicaciones derivadas de la actuación de Macias, tuvo que "dar la cara" ante los medios de comunicación, avisando de que en los mismos circuló mucha "información sesgada" fruto de la documentación que Macías "sacó" de UGT y difundió en función de sus "intereses" personales, al no haber "entendido" su despido en el marco del expediente de regulación de empleo (ERE) acometido por el sindicato a cuenta de su situación.

Así, ha avisado de que como consecuencia de tales filtraciones habría sido orquestada una "película" contra UGT-A, esgrimiendo que "la propia Administración" andaluza, entonces gobernada por el PSOE, "tendría algo que decir" sobre el asunto porque había dado su "OK" a las justificaciones presentadas por UGT-A respecto al gasto de las subvenciones autonómicas, para después solicitar "una nueva justificación" ante las publicaciones derivadas de las filtraciones de Macías, cuando según ha remarcado UGT-A obtuvo incluso la "felicitación" del Gobierno andaluz de entonces por cómo estaban siendo impartidos los cursos de formación.

Del mismo modo, ha asegurado que él no dio ninguna "instrucción" a la plantilla sobre cómo justificar las ayudas, porque no era su competencia y cada miembro de la comisión ejecutiva del sindicato tenía una "responsabilidad" sobre su área concreta de gestión. 

DIEZ AÑOS DE INSTRUCCIÓN

La Sección Tercera de la Audiencia enjuicia a Fernández Sevilla y a otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical como presuntos autores de un delito continuado de fraude de subvenciones, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían sido defraudados 40.750.047,74 euros de subvenciones públicas

Junto a Fernández Sevilla se juzga al que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la exsecretaria de Gestión Económica, María Chapín; la exresponsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea, y otras diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

La Fiscalía Anticorrupción reclama siete años de cárcel y multa de 50 millones de euros para Fernández, al igual que para Fresneda, Charpín y Goicoechea, mientras que para Dolores Sánchez reclama cinco años y 50 millones.

Para los otros diez acusados, que eran los proveedores de UGT Andalucía, la Fiscalía reclama tres años de prisión y multas de doce meses a una cuota diaria de 12 euros -3.600 euros-, mientras que se pide que Fernández, Fresneda, Charpín y Goicoechea indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con la cantidad de 40.750.047,74 euros, y Dolores Sánchez con 4.288.707,74 euros.

Esta macrocausa se juzga diez años después de que la iniciara el juzgado de instrucción 9 de Sevilla y se viera retrasada debido a que se realizaron complejos informes periciales necesarios para el esclarecimiento de los hechos, de forma que no fue hasta mayo de 2021 cuando se remitió la causa.