El Gobierno salva el paquete fiscal tras acordar con Podemos un impuesto a las energéticas

El Congreso ha aprobado este jueves la transposición de la directiva europea que regula un tipo mínimo del 15 % para las multinacionales y el paquete fiscal del Gobierno, que incluye medidas como los impuestos a la banca y los vapeadores o una subida de la fiscalidad del tabaco.

Tras semanas de duras negociaciones y vetos cruzados, que llegaron a poner en peligro una norma que prevé recaudar 8.000 millones, el proyecto de ley ha resultado aprobado por 178 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Junts, PNV, Podemos, BNG y CC) frente a 171 votos en contra y pasa ahora al Senado, donde continuará su tramitación.

Podemos mantenía su intención de votar en contra, lo que hubiera hecho decaer la ley, y solo ha cambiado su posición tras cerrar un acuerdo con el PSOE para impulsar un impuesto para las energéticas.

El proyecto de ley avalado este jueves adapta la regulación nacional del tipo mínimo del 15 % para las multinacionales a la directiva europea, una transposición que ya va con retraso, lo que ha llevado a la Comisión Europea a abrir expediente a España.

También incorpora una batería de medidas fiscales pactadas por el Gobierno con sus socios parlamentarios, entre las que destaca la creación de un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones bancarias, que sustituirá al actual gravamen extraordinario y que será concertado con las haciendas forales.

Asimismo, se establece un impuesto para los vapeadores, una subida de la tributación del tabaco, un aumento del IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros y una bajada del impuesto de sociedades para pymes, así como una serie de cambios normativos para combatir el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos.

También se aprueban modificaciones en el impuesto de sociedades que permitirán compensar el efecto en la recaudación de la anulación, por parte del Tribunal Constitucional, de las reformas realizadas por el PP a este impuesto y que hubieran supuesto, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la pérdida de 5.000 millones en ingresos solo este año.

En cambio, ha quedado fuera la subida de la tributación del diésel para equipararlo a la gasolina y buena parte de las medidas pactadas con Sumar, como los impuestos para los bienes de lujo y las grandes herencias o para retirar los beneficios fiscales a socimis y seguros de salud privados. Negociación turbulenta hasta el último momento
Aunque la transposición de la directiva contaba con un amplio consenso parlamentario, la decisión de introducir el paquete fiscal del Gobierno complicó la aprobación de la ley hasta el punto de que, a primera hora de este jueves, todavía se encontraba en el aire.

Inicialmente, el Gobierno cerró el apoyo de PNV y Junts, a los que posteriormente se añadió Sumar, pero el resto de socios parlamentarios se negaban a avalar la norma a menos que incluyera el mantenimiento del impuesto a las energéticas, que Junts rechazaba.

El lunes, casi al final una Comisión de Hacienda caótica, en la que la ley iba a caer, el Gobierno acordó con ERC, Bildu y Junts extender un año el gravamen energético, pero todavía necesitaba atar los cuatro votos de Podemos de cara al Pleno de este jueves.

Ya iniciado el Pleno, Podemos ha anunciado un acuerdo con el PSOE para impulsar entre todos los socios parlamentarios un proyecto de ley que regule el impuesto a las energéticas, lo que ha generado cierto malestar en el PNV, que no había sido informado, a diferencia de otros grupos como Bildu.

La pieza clave de esta futura ley es Junts, cuyo voto es imprescindible para sacarla adelante. Montero ha afirmado que el partido independentista formará parte de la comisión que negociará el impuesto, pero su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, se ha limitado a apuntar que cuando conozcan la iniciativa, la analizarán.

LAS ENERGÉTICAS ADVIERTEN DE QUE HAY 30.000 MILLONES DE INVESRSIÓN EN RIESGO

El Club Español de la Energía (Enerclub) ha advertido de que prorrogar o incluir nuevas cargas impositivas a las compañías del sector energético condicionarán el futuro y "dificultarán la materialización de las inversiones que es necesario llevar a cabo, estimadas en más de 30.000 millones de euros para los próximos tres años, así como el desarrollo y viabilidad económica y financiera de los proyectos".

En un comunicado, el gran 'think tank' energético, que agrupa a más de 120 empresas e instituciones y del que forman parte como asociados ejecutivos las principales empresas del sector (bp, EDP, Endesa, Iberdrola, Moeve, Naturgy, Repsol y TotalEnergies), consideró "fundamental evitar la incertidumbre", promoviendo un entorno favorable basado en "procedimientos normativos adecuados, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria y fiscal" para materializar los 308.000 millones de euros de inversiones estimadas, de las cuales, un 82% deben provenir del sector privado, que prevé el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

A este respecto, valoró que el cumplimiento de esa 'hoja de ruta' marcada por el Gobierno para descarbonización de la economía a 2030 supondría un incremento del 3,2% del PIB en 2030, y un aumento de 560.000 empleos para el mismo año.

El 'think tank', cuya presidencia es rotatoria entre sus socios ejecutivos, se pronuncia así en una declaración de su Comisión Ejecutiva sobre la posibilidad de que el Gobierno pueda mantener vivo mediante una prórroga vía decreto el impuesto energético, aunque bajo una posible fórmula para no gravar a las empresas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización.

De esta manera, Enerclub subrayó la necesidad de tener un proceso inversor "perdurable en el tiempo que permita contar con las tecnologías, equipamientos y capital humano necesarios en toda la geografía española y en todos sus sectores económicos".

FOMENTAR UN CLIMA DE "CONFIANZA Y ATRACTIVO INTERNACIONAL".

Asimismo, indicó que, en un contexto de competencia internacional de atracción de inversiones como han destacado los informes Letta y Draghi, es "fundamental fomentar la competitividad, y establecer un clima de confianza y atractivo internacional para dirigir estos flujos de capital hacia nuestro país".

"La transición energética resulta clave para el desarrollo económico y la lucha contra el cambio climático. El compromiso de las empresas energéticas españolas en torno a esta transición y la sostenibilidad es absoluto, como demuestra el esfuerzo inversor que viene realizando el sector", añadió al respecto.